Los inconformes acusan a la empresa de provocar violencia por medio de la «ruptura del tejido social» y ofrecer favores para seguir con el proyecto «Ixtaca»
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, acusó que la empresa Almaden Minerals sigue presente en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, a pesar de la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 16 de febrero de 2022, en la que canceló las concesiones de su proyecto minero «Ixtaca«.
Los manifestantes afirmaron que Almaden Minerals sigue interviniendo en la comunidad y provocando violencia por medio de la «ruptura del tejido social».
«Hay personas de la empresa que utilizan métodos de cooptación, reparten dádivas monetarias y a algunos habitantes como 10 bultos de fertilizante», aseguran.
Explicaron que la empresa incluso promete otorgarles un «flamante paquete tecnológico» mediante un convenio que conociste en bultos de maíz híbrido, fertilizantes, biofertilizante y dos horas de tractor agrícola; sin embargo, dijeron que en dicho convenio no se específica lo que los ejidatarios deben de dar a cambio.
«Solo quieren generar división y confrontación al interior de la comunidad», afirman.
Mencionaron también que Almaden Minerals se inmiscuye de manera «descarada» en eventos escolares, sociales y religiosos para convencer a la población de que su presencia en la comunidad es positiva.
«En la primaria y bachiller han otorgado diversos recursos materiales para la mejora de los espacios y han organizado cursos para fomentar en la niñez y juventud la idea de que la presencia de la mina es positiva para la comunidad», dicen.
Ejidatarios consideraron que empresa les ha prometido incluso la construcción de una presa en una brecha de terreno donde hay escasez de agua, con el fin de «impresionarlos».
Por esto y más, los pobladores exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, que «retiren» a la empresa del país.
De igual forma, exigen a la procuraduría agraria no ser cómplices de los «intentos de despojo» de la minera, ya que es propiedad social de la tierra.
«Exigimos no ser aquiescentes con la estela de violencia que continúa generando Almaden Minerals, hacemos responsable a la empresa de la integridad física, psicológica, moral y patrimonial ante cualquier atentado que menoscabe la dignidad humana de los que integramos la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua, y la Vida Atcolhua», afirman.