Presentaron el informe alternativo en el marco del diagnóstico sobre la situación de las mujeres en México que la CNDH entregó a la CEDAW.
Recomendaciones a los congresos locales, incluidos los de Tlaxcala y Puebla, sobre seis temas pendientes en materia legislativa para erradicar la violencia y la desigualdad, son las que ha dado a conocer el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), como parte del informe alternativo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
La organización civil ha llamado a los congresos a mejorar las leyes para erradicar los casos de maternidad forzada; criminalización de las mujeres; acceso a la justicia; violencia obstétrica y muerte materna; seguridad social, conciliación y derechos laborales y democracia paritaria al registrar que los números sobre estos tipos de violencia, contrario a que hayan disminuido, han aumentado en los últimos seis años, a pesar de la mayor designación presupuestal.
El informe refiere que en los estados de Puebla y Tlaxcala al menos el 66.1 por ciento de las mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia en su vida, el 44 por ciento de tipo sexual y perpetrada por familiares o conocidos. Aunque se han presentado 28 mil denuncias por violación de mujeres y niñas en México durante los últimos seis años, solo el 8.5 por ciento los centros de salud de los 32 estados ofrecieron anticoncepción de emergencia.
Al respecto, en 14 entidades se establece la necesidad de una autorización por parte de Ministerio Público o juez para acceder a los servicios de salud en casos de violación sexual, a pesar de que la legislación mexicana garantiza el derecho de las víctimas de violencia sexual a acceder a la interrupción legal del embarazo bajo la causal violación en todo el país.
Sobre la criminalización de las mujeres, Gire refiere que el 45 por ciento de los juicios penales de mujeres por el delito de aborto determinaron sentencias privativas de la libertad, mientras que dos de cada ocho denuncias contra mujeres son por abortar.
Del mismo modo, solo el 2.4 por ciento de las investigaciones que se abren por delitos contra las mujeres recibe sentencia condenatoria. A esto se suma que en los centros médicos del país el 33.4 por ciento de las mujeres sufrieron malos tratos de quienes las atendieron. Para 2017 la cifra por muerte por causas obstétricas prevenibles se redujo de 2 mil 186 a 722 entre 2013 y 2017.
Al respecto, Gire emitió 10 recomendaciones dirigidas a las legislaturas y ejecutivos locales; entre ellas, que los gobiernos garanticen la reparación integral de las mujeres victimas de violencia, despenalicen la posesión de las drogas, fortalezcan los mecanismos de denuncia, garanticen el derecho universal a los servicios de salud libres de violencia y fortalezcan las capacidades de gestión pública y presupuestal con perspectiva de género