El 30 de octubre de 2019, por lo menos ocho personas fueron amenazadas de muerte, desaparición, quema de viviendas y de judicialización.
La comunidad nahua de Santa María Zacatepec —municipio de Juan C Bonilla, Puebla— y la Misión Internacional de Observación al Río Metlapanapa exigieron garantía del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, así como medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos, tras las amenazas y agresiones recibidas por oponerse a la construcción del corredor pluvial que permitiría el desagüe hacia el Río Metlapanapa.
En conferencia de prensa, la Misión anunció que el 30 de octubre de 2019, por lo menos ocho personas fueron amenazadas de muerte, desaparición, quema de viviendas y de judicialización debido a la criminalización de las personas defensoras y comunicadores de la Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de funcionarios y empresarios.
Ante ello, la comunidad instaló un plantón a 150 metros de la obra y posteriormente, el 3 de diciembre de 2019, la Misión visitó la comunidad con la intención de documentar las violaciones cometidas a la comunidad como represalia por defensa del territorio.
Las organizaciones de la Misión hicieron un llamado a las autoridades para que cesen el hostigamiento y amenazas —particularmente contra menores de edad y adultos mayores— incluyendo de manera pronta y expedita su investigación por medio del pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además de pedir un proceso participativo que atienda los estándares internacionales de derechos humanos.
Por otro lado, requirieron que se respete el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y así, puedan elegir el tipo de desarrollo que requieren, en lo económico y cultural. Con esto, Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, mencionó que la comunidad está fortaleciendo su derecho de autodeterminación regresando a los usos y costumbres para que respeten sus derechos.
Juan Carlos Flores afirmó que el del desagüe es un “proyecto ilegal”, debido al uso de la fuerza pública y la falta de consulta, lo que violenta lo establecido en el artículo 2 constitucional y torna a la obra pluvial objeto de auditoría.
Asimismo, Diana Figueroa Prado, representante e investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, refirió que es necesario emprender procesos de reparación para la comunidad y para el Río Metlapanapa, a partir de la comunicación y participación de las comunidades.
En este contexto de violencia, la Misión demandó que se busquen alternativas sostenibles al tratamiento de aguas y otros desechos, y mitiguen los daños ocasionados al ambiente y al territorio de las comunidades afectadas.