La organización World Justice Project halló que Puebla y Tlaxcala padecen corrupción en sus poderes ejecutivo y judicial, además de una creciente percepción ciudadana de inseguridad

Investigaciones penales ineficaces, corrupción en los poderes ejecutivo y judicial y una percepción ciudadana de inseguridad en aumento, ubican a Puebla y Tlaxcala entre las entidades con el Índice de Estado de Derecho más bajo a nivel nacional durante el periodo 2021-2022, según la organización internacional World Justice Project (WJP, por sus siglas en inglés)

El organismo evalúo el nivel de estado de derecho a través de encuestas aplicadas a los ciudadanos y especialistas sobre la corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, justicia penal y límites al poder gubernamental.

Para ello, estableció la escala de 0 a 1, dónde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho por estado y particular en cada uno de los índices. Se entiende por Estado de Derecho al cumplimiento al principio de gobernanza, donde las instituciones, poderes y funcionarios cumplen con la ley, respetan los derechos humanos y ejercen su función justa y eficientemente.

Puebla, con deficiente estado de derecho

Puebla se ubicó en la posición 27 en el Índice del Estado de Derecho, lo que constituye el sexto nivel más bajo, con un puntaje de 0.37, aunque entre 2021 y 2022 logró subir una posición.

La calificación más baja la obtuvo en el índice de justicia penal con 0.27 puntos, lo que significa que la opinión de las personas sobre la eficacia de la fiscalía para investigar los delitos es la más baja, con una calificación de 0.16; además hay una opinión negativa sobre la procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz (0.22), falta de acceso a los derechos de las víctimas (0.36), falta del debido proceso (0.32), justicia imparcial, independiente y libre de corrupción (0.29) y un sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos (0.29).

También hay calificaciones bajas en el subíndice sobre la ausencia de corrupción (0.33) y la justicia civil (0.33). En el primer caso, hay una opinión negativa sobre la ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, en el poder legislativo, en el poder judicial y ejecutivo, con promedios que se ubican por debajo del 0.50.

Destaca que en el rubro de derechos fundamentales, World Justice Project descubrió que hay poca libertad para ejercer los derechos laborales, la libertad religiosa o que las personas puedan acceder a un debido proceso; además, respecto a la justicia civil, hay niveles bajos para la justicia de calidad o expedita, imparcial e independiente.

En Puebla las personas se sienten inseguras, en este rubro la entidad tiene una calificación de 0.28 en la escala de 0 a 1.0. Las mejores calificaciones las obtuvo en el cumplimiento regulatorio libre de corrupción (0.67) y el derecho a la información pública (0.58), aunque aún están lejos de su mejor puntaje.

Tlaxcala sufre en justicia penal

Entre 2021 y 2022 Tlaxcala avanzó cinco posiciones en el ránking de Estado de Derecho y se ubicó en la posición 19 a nivel nacional, aunque también con niveles bajos en los índices de justicia penal, civil y ausencia de corrupción.

La entidad obtuvo un puntaje general de 0.40. Los niveles más bajos se observan en la ausencia de corrupción con una evaluación menor a 0.31 puntos respecto a la ausencia de este lastre en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Con un puntaje de 0.35 se ubicó la justicia civil, debido a una opinión negativa respecto a que en Tlaxcala hay una justicia asequible sin burocratismo, de calidad, expedita, imparcial y con acceso a la información y asesoría legal.

También la percepción negativa se observa en la justicia penal. En este índice la opinión sobre investigación eficaz tuvo una calificación de 0.20, en procuración de justicia 0.27, en justicia penal imparcial e independiente 0.34, en el derecho de las víctimas 0.38 y para el debido proceso 0.40.

Otros de los niveles bajos se observaron en la participación ciudadana con 0.28 puntos en la escala 0 a 1.0; mientras que el derecho a la información pública tuvo una evaluación de 0.50 y sobre la existencia de contrapesos en el poder judicial 0.26, lo que indica una opinión de especialistas y encuestados negativa en el tema de justicia.

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