La extitular del Centro de Justicia para las Mujeres señaló que Manuel Vázquez, esposo de la titular de la CEDH, es asesor jurídico de la gobernadora Lorena Cuéllar

La exdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaxcala, Yeny Charrez Charlos, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se encuentra impedida para resolver quejas contra el gobierno estatal debido a que Manuel Vázquez Conchas, esposo de la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, se desempeña como asesor jurídico de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La activista señaló que este conflicto de intereses impide a la ombudsperson estatal atender de manera imparcial las quejas por violación de derechos humanos en Tlaxcala, sobre todo los relacionados con violencia de género.

Lo anterior debido a que la CEDH se negó a dar trámite a la queja que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) turnó al organismo estatal en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por impedir sistematicamente a las mujeres acceder a la justicia, al no tomar las denuncias por violencia de género y dilatar o negar los procesos por el delito de trata de personas; esta queja fue presentada por la propia Charrez contra el gobierno estatal.

En Facebook Live, la exfuncionaria señaló que presentó ante la CNDH la queja antes de su despido en agosto de 2022, misma que fue turnada por grado de competencia a la CEDH; sin embargo, la comisión estatal se negó a continuar con el proceso por la aseveración del conflicto de interés entre el organismo autónomo y el despacho jurídico del gobierno.

Charrez Carlos informo que hace unos días la CEDH envío la queja a la CNDH al declararse incompetente, pues que los señalamientos de la exfuncionaria «ponían en riesgo el estardar moral del organismo«.

Por último, la exfuncionaria mencionó que ya ratificó la queja y que espera que el organismo autónomo nacional puede opinar sobre el asunto.

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