Señalaron como principales responsables al exgobernador, Mariano González, y al extitular de la Sefoa, Jonathan Bretón, por no aplicar el fondo de garantía de 40 millones de pesos pactado con FIRA en 2011.
Integrantes de la Sociedad Agronómica de Tlaxcala, y campesinos de la zona norte y poniente del estado, denunciaron fraude por 40 millones de pesos, usura y falsificación de firmas y sellos, por el Gobierno del Estado y Servicios Financieros ANEC, en detrimento de 85 productores locales.
En conferencia de prensa, el presidente de la Sociedad Agronómica de Tlaxcala, Floriberto Avelar Peláez, explicó que los productores involucrados sufrieron los embates de una helada registrada los días 7,8 y 9 de septiembre del año 2011, por lo que solicitaron que se hiciera efectiva la garantía que habían contratado a través de créditos con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a través del componente denomina Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA); sin embargo no se realizó así. “Nunca se nos apoyó con ningún fondo de garantía que había.
De hecho en junio de 2011 tres meses antes del siniestro con bombo y platillo FIRA junto con el gobernador, Mariano González Zarur, firmaron un convenio y se conformó un fideicomiso con un fondo garantía de 40 millones de pesos que hasta este momento no sabemos dónde están esos recursos”.
Parte de esos 40 millones debieron ser ocupados para cubrir las afectaciones provocadas por la helada, con lo que quedarían a salvo las garantías liquidas e hipotecarias que los campesinos presentaron al momento de contratar el crédito, al no ocurrir así al momento están en riesgo los terrenos, parcelas, y hasta viviendas de los productores.
“Cuando fuimos a México y se firmó esta minuta el monto total ascendía a 13 millones de pesos para solucionar el problema de todo Tlaxcala porque traíamos problemas en maíz trigo y cebada, esos 13 millones estaban en este fondo que nunca apareció y que hasta la fecha no sabemos dónde estén, es parte de la denuncia”, comentaron.
Incluso, señalaron como responsables de ese fraude al exgobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur y a su Secretario de Fomento Agropecuario, Jonathan Bretón Galleazzi, quienes jamás pudieron explicar el destino de esos recursos que serían utilizados para cubrir los créditos que recibieron los campesinos tlaxcaltecas, mismos que ahora están en riesgo de ser embargados por FIRA.
Pero también, existe el caso de 20 productores de los municipios de Nanacamilpa, Benito Juárez, Tlaxco y Apizaco, que están en la misma circunstancia con el atenuante de los delitos de usura, falsificación de firmas y huellas, además de fraude procesal cometido por la empresa poblana Servicios Financieros ANEC.
Al respecto, el abogado Saúl López, explicó que ese asunto está siendo desahogado en el Juzgado Especializado en Asuntos Financieros, en el Juzgado Tercero de Distrito y el Quinto de Distrito del Estado de Puebla, porque la financiera está demandado un pago por 10 millones de pesos de los campesinos que contrataron créditos con FIRA, eso a pesar de que ya había sido cubierta la mayoría de la deuda.
“Hemos hecho saber a las autoridades que estos contratos tienen firmas y huellas dactilares falsas, se los hemos comprobando a través del estudio de periciales, estamos hablando de que tenemos aproximadamente 20 productores afectados independientemente de que hay elementos falsificados estos créditos fueron pagados casi en su mayoría se quedó a deber una cantidad mínima; sin embargo ANEC nos hace un requerimiento por las cantidades de 10 millones de pesos hablamos de que nos comete el delito de usura, falsificación de firmas, y fraude procesal”.
Dijo que en ese caso de fraude, la financiera ANEC actuó en contubernio con la corredora Nora Mendoza, del socio mayoritario de Servicios Financieros ANEC, Miguel Lares Botello, y quienes crearon una empresa fantasma “Agraflor” representada por José Luis Flores que está prófugo por el delito de fraude.
Exigieron al gobernador en funciones, Marco Antonio Mena Rodríguez, que haga una investigación al respecto y que atienda a los productores afectados para que no sea cómplice de ese fraude cometido por su antecesor y liberar los créditos para que las familias continúen con sus actividades y garantizar la permanencia de su patrimonio pues hay en garantía tierras de cultivo y muchas viviendas.