Almaden indicó que en dos meses entra en vigor la cancelación

Esto con el antecedente histórico del retiro de dos concesiones a Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals

Cecilia Navarro, integrante de la colectiva Ley Minera  ¡Cambiémosla Ya! consideró que la Cámara de Diputados tiene la enorme oportunidad de modificar la Ley Minera, con el antecedente de retiro de dos concesiones a Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Dijo que por todo el país existen pueblos indígenas que se han inconformado por la explotación de minerales, casos que son visibilizarlos por la colectiva y apoyados por sus diversos integrantes, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. A los habitantes de la comunidad Nahua Tecoltemi, los asesoraron de manera directa las organizaciones Fundar y el Consejo Tiyat Tlali.

“En la colectiva ubicada en la Ciudad de México nos dedicamos a enviar cartas a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, quienes tenían en análisis el caso Tecoltemi. Este fallo a favor de la comunidad nahua, sienta un precedente internacional”.

A través de un comunicado señalaron que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la violación al derecho a la consulta y al consentimiento indígena de la Comunidad Nahua Tecoltemi en el otorgamiento de concesiones mineras, las legisladoras y legisladores de este país tienen en sus manos la oportunidad de hacer historia.

“Es su deber enmendar el contenido de la Ley Minera que coloca a esta actividad por encima de los derechos de pueblos y comunidades, de la propia Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte”

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El texto añade que, ahora, las comunidades indígenas fortalecerán su lucha en defensa de su derecho a decidir, libremente, qué proyectos se llevan a cabo en sus territorios. Añade que la Comunidad Nahua Tecoltemi es afortunada, ya que no todas las comunidades tienen la posibilidad de dar luchas jurídicas.

“Muchas han sufrido procesos de despojo, han visto desaparecer sus medios de vida y enfrentan escasez de agua, creciente descomposición social y violencia. Por ello, es necesario que la Ley Minera sea modificada, a fin de que no contravenga la Constitución, los tratados internacionales de los que México forma parte y los derechos de los pueblos y comunidades”

La meta que persigue #CambiémoslaYa es que en México exista una legislación sobre minería que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos de las comunidades, y detenga los abusos y privilegios de los que gozan las industrias extractivas.

La colectiva #CambiémoslaYa propone 6 cambios fundamentales:

1. Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras.
2. Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras.
3. Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.
4. Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.
5. Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar de las actividades mineras. Prohibir la minería de metales preciosos con las técnicas de tajo a cielo abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en los procesos de lixiviación.
6. Que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.

#CambiémoslaYa reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio. Entre sus integrantes están: CartoCrítica; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comités de Cuenca del Río Sonora; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Educa; Engenera; Fundación Heinrich Böll; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Iniciativa Sinaloa; Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica; Organización Familia Pasta de Conchos; Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y personas académicas de la UIA, la UAM y la UNAM y comunidades de Sonora, Morelos, Puebla y Baja California Sur.

Almaden indicó que en dos meses entra en vigor la cancelación

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