Este fin de semana las protestas sociales en Tlaxcala tomaron un respiro. El martes pasado burócratas adheridos al Sindicato 7 de Mayo y maestros de la Sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), protestaron en contra del nuevo modelo de salud que impulsa el gobierno de Lorena Cuéllar.
El estallido, encabezado por los trabajadores del estado, empezó cuando los sindicatos dieron a conocer la licitación pública lanzada por la Oficialía Mayor de Gobierno para entregar a particulares el manejo y abastecimiento del servicio de salud y medicamentos que ofrecen las oficinas de Pensiones Civiles del Estado.
Los trabajadores señalaron que el nuevo modelo de salud viola los acuerdos signados en el contrato colectivo de trabajo del Sindicato 7 de Mayo y que es aplicable para todos los trabajadores, sindicatos y magisterio al servicio del estado.
Las reglas del Contrato Colectivo son claras: cada trabajador puede ir a consulta médica con el doctor de mayor confianza, realizar el pago y exigir la devolución del 80 por ciento en el costo de la consulta y medicamentos que el sistema de Pensiones Civiles, sostenido por los tlaxcaltecas, debe pagar.
El nuevo modelo limita el espectro de atención médica para centrarse exclusivamente en los módulos médicos preestablecidos por el nuevo sistema, además de que los costos ya no recaen completamente en Pensiones Civiles y los medicamentos pasarán de ser de patente a genéricos en algunos casos.
Por todo esto, el martes el magisterio de la Sección 55 y la burocracia activó la protesta con el cierre total de cuatro importantes vías de comunicación: La virgen que conecta al sur del estado con la capital; Chiautempan hacia la vía corta rumbo a Puebla; El Trébol que conecta a Tlaxcala con los estados de Puebla, Estado de México y Ciudad de México y todas las calles de la capital, desde la Independencia hasta la Guillermo Valle.
Ese día el gobierno del estado movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para negociar y resguardar los edificios públicos. Hubo tensión, palabras, jaloneos entre ciudadanos inconformes con los bloqueos y la protesta.
Un contingente marchó hacia palacio de gobierno donde se plantó mientras otro cerró la Oficialía, el Registro Civil y la presidencia municipal de Tlaxcala.
Después de cinco horas los bloqueos se abrieron a las 19:30; los contingentes marcharon a la capital donde, después de la primera mesa de negociación con la Secretaría de Gobierno sin resultados favorables para los trabajadores, acordaron tomar la explanada del zócalo.
Ahí, colocaron casas de campaña e improvisaron pequeños cuarteles con lonas y tubos. Alrededor de medio centenar de trabajadores pernoctaron. Sin embargo, durante la madrugada del miércoles un escuadrón de la policía estatal y granaderos ingresaron por las calles Juárez, Guerrero e Independencia para encapsular a los burócratas y desalojar el plantón.
Desde ese día, Palacio de Gobierno está resguardado por policías estatales, con patrullajes en todos los puntos importantes de la capital.
El miércoles los trabajadores fijaron un posicionamiento: seguirían con la lucha, la protesta y el cierre de calles.
La semana de protestas se reanudó el jueves. A las 17:00 horas, afuera de las instalaciones del Sindicato 7 de Mayo se reunieron casi 200 burócratas. La idea era marchar rumbo al zócalo del estado para tomar, una vez más la explanada.
Los trabajadores decidieron bloquear una calle poco importante, apenas conecta una parte de la ciudad con el centro a la altura del Estadio Tlahuicole. Sin embargo, ahí, pese a la poca importancia de esta vía de comunicación los burócratas, solo ellos, sin el magisterio, fueron replegados por un centenar de policías quienes los dispersaron con bombas de gas lacrimógeno.
La noticia ocupó algunas planas de la prensa nacional, los noticieros colocaron la nota entre otras muchas que ya no tienen que ver con este tipo de prácticas y los medios locales reprodujeron en video y escrito una vez más el uso de la fuerza durante las protestas sociales.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tardó tres días en pronunciarse. Su posicionamiento fue tibio, sin una pizca para señalar el uso de la fuerza tanto en el desalojo del zócalo como el uso de gas contra los trabajadores, entre ellos mujeres, niños y personas con discapacidad.
Solo llamó al diálogo y expresó el derecho a la protesta. Los dos hechos, además de que el gobierno estatal no ha abrierto los canales para el diálogo y el acuerdo, mermaron la lucha para que el jueves y viernes los trabajadores solo se congregarán en sus oficinas, cerrarán por dos horas la calle Guillermo Valle y la reabrieran tras una advertencia de gobernación.
El viernes se congregarán en diferentes puntos de la ciudad y marcharon mostrando su fuerza, con bloqueos carreteros y consignas contra Lorena Cuéllar y Morena, pero dispersos por la tarde noche y bajo la lluvia, con la promesa que las protestas volverán con mayor intensidad esta semana.
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