Las dueñas de las estancias defendieron su actividad y aseguraron que no han cometido ningún ilícito.
Dueñas de estancias infantiles poblanas abrieron la posibilidad a ampararse ante la decisión del gobierno de la República, de retirarles el subsidio federal establecido en el Programa de Estancias Infantiles que operaba la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las propietarias y responsables subrayaron que el Estado es corresponsable con los padres de familia por la formación de los pequeños y a partir de ello, se había establecido la política pública de la que formaban parte.
En conferencia de prensa, también defendieron su actividad y negaron que hayan incurrido en algún enriquecimiento irregular, al crear “estancias fantasma” o al inflar la matrícula de menores atendidos.
Revelaron que el costo promedio por la colegiatura mensual en una estancia infantil es de mil 550 pesos por alumno; de los cuales, 950 eran aportados por la Federación y el resto, cerca de 600 pesos, por los padres de familia.
Mencionaron que esto equivale a un costo de 51 pesos diarios que se divide entre la alimentación, los salarios de las asistentes educativas, que cuidan a un promedio de ocho niños cada una y los servicios básicos de los inmuebles.
Refirieron que cada una de las responsables habló con los padres de sus alumnos, expuso la situación y comentaron los aumentos en lo costos y aseguraron que han encontrado solidaridad; pero la afluencia ha disminuido entre 15 y 20 por ciento.
Agregaron que al darse a conocer el apoyo directo del gobierno federal hacia los tutores de los niños, han existido padres de familia que se han acercado a pedir información solo para poder cobrar los recursos.
Finalmente, revelaron que a diferencia de las cifras oficiales, ellas tienen un conteo de 502 estancias infantiles abiertas en todo el territorio poblano, con una matrícula superior a los 19 mil menores.