En lo que va del año el CMU identificó al menos 21 asesinatos de mujeres, de los cuales solo uno es investigado por la PGJE como feminicidio.


Desde hace ocho años en el estado de Tlaxcala se tipificó el feminicidio como un delito; sin embargo, eso no garantizó que ese tipo de crímenes se dejaran de cometer, por el contrario, continuaron y en medio de un entorno de impunidad ante la falta de homologación del tipo penal con el Código Penal Federal.

Desde el año 2018 el feminicidio se mantiene sin armonizar, con lo que el Poder Legislativo de Tlaxcala continúa en omisión al desatender las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Esas barreras han dado como resultado impedimentos para que los asesinatos de mujeres en Tlaxcala por razones de género sean investigados como feminicidios y no como homicidios dolosos, o bien catalogados como suicidios o muertes accidentales.

Ese panorama fue expuesto este día en la conferencia virtual “El Estado de Tlaxcala debe garantizar los derechos de las mujeres”, en la que participaron la especialista del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Aztiri Ávila; de la asociación civil Yureni, Miriam Pascual; del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuatzi; y del CDD – OCNF, María de la Luz Estrada.

Ahí se evidenció la omisión legislativa que arrastra Tlaxcala en cuanto al feminicidio, así como para atender de manera estructural la trata de personas, y las desapariciones de mujeres y niñas, así como la violencia sexual.

Sobre los feminicidios, la asociación civil Colectivo Mujer y Utopía (CMU), reportó que en este año 2020 suman 21 los asesinatos de mujeres, de los cuales el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó apenas una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Ese nivel de tipificación del delito de feminicidio no es exclusivo del año 2020, ya que en el registro histórico de la PGJE del año 2017 a la fecha iniciaron 12 carpetas de investigación por el delito, de esas solo se han decretado tres sentencias, es decir, ha habido acceso a la justicia en apenas el 25 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres investigados como feminicidios.

Al respecto, Méndez Ahuatzi expuso que de los 21 casos de este 2020 el Gobierno del Estado informa que “ocho son homicidios dolosos, siete homicidios culposos, el resto se clasificaron de manera diferentes dos como suicidios ocurridos al inicio del año, tres no se sabe en qué categoría están hay algunos que los han dejado como accidentes y eso es preocupante porque ni siquiera se investiga como delito y hay otros casos que no se conocen porque no son publicados en medios de comunicación y que no están siendo investigados por la PGJE”.

En los casos que ha documentado el CMU hay huellas de violencia como golpes, tortura, disparos de armas de fuego, cuerpos maniatados y amordazados, restos colocados en bolsas y encontrados en lugares públicos como terrenos de labor, ríos, construcciones abandonadas, lotes baldíos y algunos ya en estado de descomposición. Urgen a Tlaxcala homologación con el Código Penal Federal.

Las representantes de organizaciones, revelaron que Tlaxcala es uno de los cuatro Estados del país que faltan por homologar el tipo penal de feminicidio al tipo federal, para garantizar el acceso a la justicia, evitar la impunidad, y evitar que las víctimas queden en indefensión, así como visibilice el problema que hoy es muy grave en el país ya que en promedio al día se asesina a 11 mujeres por razones de género.

Por esa razón, María de la Luz Estrada de la CDD – OCNF, informó que harán llegar al Congreso del Estado de Tlaxcala una iniciativa de reforma para acreditar el delito de manera eficiente que permita acceso a la justicia y prevención del femicidio, con un tipo penal que esté acompañado de un protocolo de investigación y mecanismos de sanción a las autoridades que por acción u omisión no protegen a la vida de las mujeres.

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