La liberación del predio es una estrategia de distracción, pues argumentó que es probable que el presunto grupo de choque regrese.
Un tribunal federal concedió un amparo al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) por el predio del Exrancho Vaquerías, el cual está en litigio desde 1994.
Después de que la mañana de este jueves 10 de marzo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla acudieron al predio en respuesta a una orden judicial para su desalojo, las familias de trabajadores integrantes del Suntuap lograron ganar un amparo federal para permanecer en el inmueble.
Los policías se retiraron del lugar; sin embargo, al predio ubicado al sur de la ciudad de Puebla, también llegó un presunto grupo de choque que permaneció al interior del sitio, alrededor de las 18:00 horas los denominados “invasores” fueron abandonados en el lugar después de 12 horas de su llegada.
En entrevista, Francisco Escobar García, secretario general del Suntuap, acusó que la presencia de “grupos de choque” eran un acto de intimidación en contra de la organización sindical, debido a que el día de mañana, viernes 11 de marzo, les notificarían la resolución de un amparo federal que interpusieron por el litigio del terreno.
A su vez, señaló que la liberación del predio es una estrategia de distracción, pues argumentó que es probable que el presunto “grupo de choque” regrese en el transcurso de la noche.
«Después de estar todo el día aquí, finalmente se han ido, esto fue un acto totalmente fuera de la ley, esto sólo puede ser una estrategia para que nos descuidemos, y otra vez vuelvan al ataque, pero el Suntuap sigue en pie de lucha».
LEER ADEMÁS: Intentan desalojar a 150 familias del SUNTUAP; juez falla contra sindicato universitario
Intentan desalojar a 150 familias
Alrededor de las 17:00 horas de este jueves 10 de marzo, elementos de la Policía Estatal arribaron al predio perteneciente al Suntuap en respuesta a una orden judicial.
Después de unas horas, los uniformados se retiraron del lugar; sin embargo, en el sitio permaneció un presunto grupo de choque quienes se identificaron como personal de la empresa privada de seguridad llamada «El Lobo».
Incluso, otros afirmaron ser elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, quienes cortaron una de las rejas del predio para ingresar a él e intentar desalojar a las 150 familias que viven en el predio.
“Nos tiraron una de las rejas, después empezaron a romper algunos vidrios del auditorio, afortunadamente no pasó a más. Algunos vecinos se enteraron porque hicieron mucho ruido, ellos fueron los que comenzaron a avisarle a los demás, pero cuando salimos ya había como 40 personas de ellos”.
Cerca de las 18 horas, fue cuando el presunto grupo de choque comenzó a retirarse del sitio, posteriormente, algunos habitantes del predio intentaron colocar nuevamente la reja.
No obstante, afirmaron que la liberación del terreno se trata de una «estrategia de ataque» para regresar durante la noche y desalojarlos, pues los invasores permanecían afuera del predio.
Tribunal concede amparo federal
Un tribunal federal concedió un amparo al Suntuap para permanecer en el predio, mientras sigue el litigio por el sitio por un adeudo de 60 mil pesos que sostiene la organización sindical con José Luis Espinosa Vega desde 1994.
En respuesta, José Luis Espinosa interpuso una demanda legal contra el Suntuap exigiendo el predio como pago de 2 millones 800 mil pesos de la deuda e intereses de la misma, por ello los representantes legales del sindicato solicitaron un amparo federal.
“Nosotros le debemos dinero, no lo negamos, se lo hemos querido pagar, pero él no quiere negociar con nosotros, él está buscando estos terrenos porque sabe que valen más de lo que le debemos, pero lo que le debemos no es para que nos quiera quitar nuestro terreno, le vamos a pagar, pero que no se quiera cobrar a lo chino, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras casas”.
Explicó que, en anteriores ocasiones, los abogados de José Luis Espinosa han buscado a los habitantes del predio para obligarlos a firmar un documento en el que declaran estar a favor de que se le entregue el terreno, prometiéndoles que no se les va a quitar sus casas.
“Esto es un atraco, lo que él busca es que nosotros tengamos miedo para que firmemos, eso es lo que quiere, porque eso daría pie a que él llegue con las autoridades para tomar posesión, pero nosotros seguimos adentro y seguiremos defendiendo lo nuestro, no nos pueden correr de nuestras casas, en las que hemos estado viviendo más de 15 años en ellas”.