La Policía Federal enfrenta diversos problemas internos ya que varios de sus elementos que debían integrarse a la Guardia Nacional como parte del proyecto federal.
Rafael Martín de Zúñiga Adán se convirtió en el cuarto comisario de la Policía Federal, delegación Puebla en los últimos tres años, esto luego de ser nombrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para suplir a Héctor Marcos Sánchez Moreno.
Fuentes al interior de la Policía Federal indicaron que Rafael Martín es un elemento de reingreso a la corporación, motivo por el cual no hay información pública reciente sobre él, ya que a diferencia de sus antecesores, no fue parte de la rotación de las coordinaciones estatales.
Por el contrario, Héctor Marcos Sánchez Moreno fue reasignado a una coordinación estatal del Bajío, aunque hasta el momento no se ha detallado en qué entidad continuará laborando para la Policía Federal.
La llegada de Rafael Martín de Zúñiga Adán se convirtió en la cuarta modificación que enfrenta la dirección de la Policía Federal en Puebla desde el 2016 a la fecha, puesto que en marzo de ese año se nombró a David Israel Aguirre Navarro para desempeñar dicho cargo.
Posteriormente, en junio de 2017, Aguirre Navarro fue trasladado al norte del país y su lugar lo llegó a ocupar Teófilo Gutiérrez Zúñiga, quien desempeñó cabalmente su labor pese a que en otras entidades había sido vinculado con el grupo del crimen organizado ‘Los Caballeros Templarios’.
Gutiérrez Zúñiga estuvo al frente de la corporación hasta diciembre del 2018, cuando nuevamente se realizó una rotación por parte de la Coordinación Nacional de la Policía Federal, que designó a Héctor Marcos Sánchez Moreno como titular en Puebla.
Actualmente, la Policía Federal enfrenta diversos problemas internos ya que varios de sus elementos que debían integrarse a la Guardia Nacional como parte del proyecto integral de seguridad del Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, se han negado por las condiciones en las que se haría su cambio de corporación.
Esta situación tuvo un clímax hace aproximadamente un mes, cuando varios uniformados del centro del país se fueron a paro y trataron de renegociar las condiciones en las cuales se haría su traslado a la Guardia Nacional, exigiendo liquidación para aquellos que no quisieran.