A esto se suma la inexperiencia en materia de seguridad pública, misma que no podrá ser sanada únicamente con cursos y talleres.
La Guardia Nacional arrancó desde julio sus operaciones en Puebla, con alrededor de 2 mil 163 elementos distribuidos en cinco coordinaciones regionales.
De éstos uniformados, apenas la mitad estarían realmente capacitados para cumplir con las tareas de seguridad pública que les fueron encomendadas, afirma Jonathan Amaro Hernández, docente de la Escuela Libre de Derecho y uno de los encargados de instruirlos, entre otras cosas, como primeros respondientes del Sistema de Justicia Penal.
“Al ser un cuerpo que está formado en su mayoría por exmilitares —en un 60-70 por ciento—, ellos tienen una formación totalmente diferente. Saben lo que es resguardar el lugar del hecho del hallazgo; pero realizar el levantamiento de indicios y evitar que se contaminen la escena no lo saben,” asegura al referir que antes, luego de su actuación en un operativo conjunto, los militares y los marinos dejaban todo el papeleo a las policías locales.
Aunque se prevé que los elementos de nuevo ingreso tomen cursos de 984 horas y aquéllos que pertenecían a la Secretaría de la Defensa, la Marina o la Policía Federal, por 584 horas en materia de derechos humanos, adiestramiento para el uso de la fuerza y como primeros respondientes, éstos últimos aún se encuentran en un limbo profesional, pues fueron desplegados de manera inmediata en el territorio nacional sin estar enteramente capacitados, incluso sin haber pasado por exámenes de control de confianza; de ahí la prórroga de 18 meses anunciada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).
Basta recordar los hechos de finales de julio en Tepeaca, donde los elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por los pobladores de San José Carpinteros, luego de acudir al llamado de personal de seguridad física de Pemex. Dos semanas más tarde, en el poblado de Apango, en Acajete, personal de la XXV Zona Militar fue agredido verbal y físicamente con palos y piedras, a lo que éstos respondieron con disparos al aire. Al día siguiente, la Sedena hizo público su posicionamiento —que incluía también a la Guardia Nacional—, en el sentido de que los elementos que sean objeto de agresiones podrán hacer uso legítimo de la fuerza.
Acostumbrados a eliminar
“Tenemos que entender que el ciudadano ya le perdió respeto a la figura del policía. Yo les digo a los elementos de la Guardia Nacional: ‘si un ciudadano empieza a agredirte, entonces puedes hacer uso legítimo de la fuerza’”, asegura Amaro Hernández, quien insiste en que la falta de capacitación es quizá el principal problema de la nueva estrategia de seguridad y en especial de la Guardia Nacional, los cuales presentan evidentes complicaciones para hacer un giro de 180 grados en su formación militar, entendiendo que existe un protocolo del uso de la fuerza que va desde la mera presencia policial hasta avanzar gradualmente al uso de armas no letales y letales.
A esto se suma la inexperiencia en materia de seguridad pública, misma que no podrá ser sanada únicamente con cursos y talleres.
“Un policía sabe cuando una persona presenta una actitud sospechosa. A un militar tú le dices ‘mata’ y éste mata no te va a preguntar por qué lo va a hacer; están acostumbrados a eliminar amenazas, no a seguir protocolos.”
La sensibilización sobre el uso gradual de la fuerza, el cacheo que no atente contra la dignidad de la persona, la garantía de que los posibles imputados lleguen en buen estado de salud al Ministerio Público —sin signos de tortura—, la justificación en todo caso a través de un informe policial del por qué presentó algún golpe producto del sometimiento, entre otras cuestiones, aún se les escapa a los elementos, que día a día realizan labores de seguridad pública en Puebla.
Nota completa AQUÍ.