José Luis Ayala Corona ya fue ingresado a Cereso de San Miguel, y solicitó al juez plazo de 144 horas para celebrar una segunda audiencia donde presentará pruebas para evitar que sea vinculado a proceso.
Fue una abogada que defiende a 60 ex trabajadores del gobierno del estado despedidos durante la administración de Rafael Moreno Valle, quien denunció al presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, José Luis Ayala Corona.
De acuerdo con la exposición de pruebas contra el acusado, detenido esta semana, la abogada acusó que le solicitó un pago de 150 mil pesos para continuar la demanda de los ex trabajadores.
En una primera audiencia, el acusado solicitó un plazo de 144 horas para que se presente nuevamente ante el juez y evitar que se le vincule a proceso. Por los pronto, Ayala Corona ya fue trasladado al penal de San Miguel.
Por la denuncia presentada por la abogada agraviada, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició la carpeta de investigación 465/2019/FECC.
De acuerdo con información del portal E-consulta, la abogada de nombre «Abigail» denunció que el 28 de junio de 2019 tuvo el primer contacto con Ayala Corona para exponer el avance de sus demanda, las cuales se encuentran en etapa de ejecución por amparos directos o indirectos.
El 4 de julio Ayala Corona por primera vez solicitó 100 mil pesos por cada asunto, a fin de que estos no fueran congelados o bloqueados en el área de Finanzas.
Ante la negativa, el magistrado cumplió la amenaza y ordenó la retención de impuestos a ex trabajadores que ganaron el amparo, por lo que Finanzas hizo un cargo de 256 mil pesos.
El 5 de agosto la abogada cedió a la extorsión y entregó la cantidad de 100 mil pesos en efectivo al magistrado para que los ex trabajadores pudieran cobrar sus cheques sin retención de impuestos. Al día siguiente, la denunciantes afirmó que nuevamente le requirió dinero para depositar a la cuenta de Raquel Cortés Vega, que funge como Secretaria General del Tribunal.
La abogada no realizó el deposito por lo que recibió llamadas constantes de Anaya Corona para exigirle el pago de 50 mil pesos, dinero que finalmente le entregó.
Como parte de las pruebas contra el magistrado existe una grabación, en la cual la abogada basa su denuncia. En ella el magistrado afirma que es intocable y que no puede «salir raspado» porque él no firma los acuerdos del Tribunal.
Varios empleados del Tribunal apoyaron a la abogada para denunciar, pues aseguraron que esto lo hacía con varios litigantes, además de que el personal femenino era víctima de acoso por parte del «Manitas Ayala», quien presuntamente tocaba constantemente los glúteos de sus colaboradoras.