Existen procedimiento legales y penales por la pertenencia del predio donde se construyó el Polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.


A más de tres meses de que el Congreso dio entrada a la solicitud de revocación de mandato de la presidenta y síndico del municipio de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca y Héctor Martínez García, respectivamente, los integrantes de las comisiones responsables de su análisis aún no construyen un dictamen al respecto y siguen haciéndose de pruebas para poder emitir una resolución al respecto.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Martín Rivera Barrios, que además mencionó que ese ya es un asunto de carácter social o político, toda vez que existen procedimiento legales y penales por la pertenencia del predio donde se construyó el Polideportivo “Carlos Castillo Peraza”.

Al respecto, el diputado priísta comentó que en el caso de la solicitud que presentó el exdiputado José Gilberto Temoltzin Martínez contra los funcionarios municipales fue por incurrir en actos omisos y de colusión en contra de los intereses del municipio capitalino, señalamientos que están siendo investigados en comisiones.

Ese asunto lo tenemos ya para pasar en comisión, ya una vez que lo tengamos analizado en la comisión lo tendremos que analizar para ver todo lo que nos puedan dar para realizar un dictamen”, declaró.

Y agregó que “es un asunto que viene desde la administración pasada, y es un asunto donde ya están influencias de carácter legal o penal con las autoridades anteriores no es un asunto solamente de carácter político y social sino que ya es un asunto legal que queda en cancha de las autoridades correspondientes”.

Por lo pronto, tanto la Comisión de Asuntos Municipales como la de Puntos Constitucionales están analizando el tema para presentar en el periodo ordinario de sesiones una determinación al respecto.

Es oportuno recordar que en la solicitud presentada al Congreso, se expuso Temoltzin Martínez, mantiene una disputa legal por el inmueble en donde se construyó “ilegalmente” el Polideportivo, mismo que la alcaldesa capitalina ha manifestado que defenderá con todos los medios a su alcance con lo que ha dejado de cumplir con su obligación institucional de defender el patrimonio del Ayuntamiento de Tlaxcala, “porque es un hecho notorio los delitos en los que incurrió Adolfo Escobar Jardínez y cómplices, al realizar actos que el Código Penal Vigente en el Estado tipifica como delitos y no obstante a ello la presidenta y el síndico no han ejercitado las acciones penales conducentes”.

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