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Durante la vigésima tercera sesión ordinaria la legisladora Diana Torrejón Rodríguez integrante de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, presentó ante el pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Fomento Económico publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala y se emite la Ley de Desarrollo Económico para el Estado.

En la máxima tribuna tlaxcalteca, destacó que actualmente la ley de Fomento Económico se encuentra en desuso por la terminología, referencias e incluso por la referencia de artículos contenidos al interior de este instrumento, debido a que no se ha efectuado ni una sola reforma, adhesión o adecuación para mantener su vigencia.

“Por este motivo, es ideal proponer una nueva disposición que contemple las directrices del anterior del anterior y adopte nuevos términos y referencias para mantener vigente el ordenamiento”, puntualizó Torrejón Rodríguez.

La iniciativa, plantea que esta nueva Ley establezca el marco legal de las Autoridades y Órganos Impulsores del Estado; las atribuciones del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico; de las Juntas Distritales para el Desarrollo Económico; de la Clínica Empresarial del Estado de Tlaxcala; de los instrumentos y estímulos para la promoción del desarrollo económico; del premio estatal de competitividad y del premio a la empresa socialmente responsable; de la Gestión Empresarial  y el Impulso a la infraestructura.

También se contempla la legislación en cuanto a las atribuciones y obligaciones del Sistema de apertura rápida de empresas, del fomento del comercio exterior y la inversión extranjera, de la comercialización; de las infracciones y sanciones y recurso de revisión y aplicación del desarrollo económico del Estado, de la libre competencia empresarial, la participación ciudadana y la transparencia y la gestión pública, entre otros.

La diputada Torrejón Rodríguez aseguró que el reto también es crear un entorno saludable al interior de las empresas y cuidar nuestro medio ambiente; se proponen conceptos como movilidad social, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, e inclusión financiera, como acceso igualitario a servicios y productos financieros, para que las empresas establecidas en la entidad sean centros de trabajo funcionales para el desarrollo humano y social.

Se sustituyen Consejos Municipales, por Juntas Distritales para el desarrollo económico, para promover el desarrollo regional; se legisla sobre la inclusión de grupos vulnerables y su derecho al trabajo e incorporación laboral en el sector privado y también se contemplan los derechos de los trabajadores a respetar la salud mental y el desarrollo personal en el ámbito laboral privado.

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