Por una compra fraudulenta, llena de inconsistencias fue despojada la verdadera dueña, acusa abogado de familia afectada
Por desacato a un ordenamiento judicial, que instruye al presidente municipal de San Pablo del Monte, Raúl Tomas Juárez, junto con la Síndico Vania Otero, podrían ser destituidos del cargo, debido a que el predio donde se ubica el auditorio municipal no se ha entregado a la verdadera dueña que a través de una compra fraudulenta la despojaron de esa propiedad.
En conferencia de prensa el abogado de la familia afectada, Gonzalo Maturano, detalló que tras 15 años de litigio finalmente en el Juez de lo civil y familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, dictaminó devolver a la Señora, Alberta Gila Ortiz, el predio que el ayuntamiento adquirió en 1987 de manera irregular, bajo un contrato lleno de inconsistencias, validado en su momento por el notario Toribio Moren.
Manifestó que el pasado 12 de octubre del año en curso se llevó a cabo el ordenamiento de desalojo para que el terreno fuera devuelto a sus auténticos dueños, sin embargo, el alcalde en turno y la síndico se negaron a dar cumplimiento al ordenamiento legal, azuzando a un pequeño grupo de pobladores para impedir el ingreso de la fuerza pública y la parte reclamatoria.
Por lo anterior, pidieron la intervención de la gobernadora del estado,y de las instancias en la materia, para que el alcalde acate el ordenamiento judicial a favor de su representada, pues ante su desobediencia se promoverá otro proceso legal en su contra y de la síndico para que sean removidos del cargo ante su desobediencia, pues ambos tienen desconocimiento total de la ley y se han valido de simpatizantes del pueblo para que defiendan el inmueble.
Por su parte la señora, Alberta Gila Ortiz, pidió a la gobernadora su intervención pues esto ha sido muy desgastante para su familia, al grado de ser objeto de agresiones por seguidores del presidente municipal, quienes se niega a reconocer que ese predio no le pertenece al ayuntamiento, pues la supuesta compra venta fue un fraude, pues se encontraron firmas falsas y los trámites ante notario fueron a destiempo bajo un proceso amañado.
La afectada dijo que ese terreno lo adquirió su esposo en 1972, en eso entonces pagaron 19 mil pesos, el cual se lo rentaban al entonces CONASUPO, pero el ayuntamiento se valió de esos acuerdos para escriturar documentos de una supuesta compra que jamás pactaron como propietarios y la autoridad municipal en turno falsificó firmas para apropiarse del terreno.