Con la intención de priorizar la reorientación del gasto público en otras necesidades del territorio poblano.
El gobierno de Puebla planteó ante los diputados locales, derogar la figura de “testigos sociales” en los procesos de licitación pública y con ello priorizar la reorientación del gasto público en otras necesidades del territorio poblano a pesar de que esta figura registra una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior se desprende de las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública de Puebla que ingresaron en la sesión del Congreso del Estado de Puebla y que se turnaron a la comisión de Hacienda donde ya se avaló el dictamen.
Con base en el proyecto que analizaron este mismo martes los diputados locales, se explicó que el desempeño de testigos sociales, deriva en el pago de una contraprestación que sería cubierta con recursos del erario estatal, cuando en estos momentos existe una necesidad mayor de orientar la inversión del gasto público a esferas prioritarias que reduzcan la pobreza y la desigualdad social.
“Surge ahora la premisa mayor de orientar la inversión del gasto público en esferas prioritarias que reduzcan la brecha de desigualdad que actualmente impera en el Estado de Puebla, con miras a una aplicación del presupuesto en favor de quienes más lo necesitan”, fija el documento.
Con base en el documento de la CNDH, en julio del presente año, se presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para proteger la figura de los testigos sociales, siempre y cuando, la persona no haya sido sentenciado con pena privativa de libertad ni sancionado como servidor público.
Con dicho recurso se busca garantizar la participación de los ciudadanos durante las sesiones de los procesos de licitación pública de servicios, adquisiciones, obra pública y arrendamientos, esto sin acalorarse el monto que podrían recibir por la prestación de su servicios.
Cabe señalar que esta reforma se sometería a consideración del pleno este jueves 15 de julio, es decir, cuando acaba el tercer periodo de sesiones del Congreso del Estado de Puebla.
Por otra parte, los testigos sociales se crearon como mecanismo de validación de proyectos de obra, previamente licitados, sin embargo, al tratarse de la contratación de un privado, no se especifica cuánto es el máximo que debe liquidarse por la contraprestación adquirida.