Tenancingo es reflejo de lo que pasa con las finanzas públicas, los pactos de impunidad y las «actitudes faraónicas» en los ayuntamientos de Tlaxcala, señaló José Isabel Juárez.
El Congreso Agrario Permanente (CAP) pedirá a la LXIII Legislatura local, fiscalizar los 50 millones de pesos entregados al municipio de Tenancingo para la rehabilitación de las principales calles de la comunidad que derivó en una protesta violenta el pasado viernes 14 de septiembre.
En un pronunciamiento, las organizaciones adheridas al CAP y presidentes de comunidad, señalaron que el caso de Tenancingo refleja la condición presupuestal para obra, la ineficacia y la opacidad de los 60 municipios del Estado.
«Nosotros rechazamos las declaraciones que el secretario de gobierno (Aarón Pérez Carro) ha dado de que el caso de Tenancingo es un conflicto aislado y que debe resolverlo cada uno de sus presidentes; creemos necesario que tanto el Congreso como el Ejecutivo realicen una fiscalización a fondo en todos los ayuntamientos, porque lo que paso en Tenancingo es reflejo del hartazgo de la sociedad por el desvío de recursos«, señaló José Isabel Juárez Torres, vocero del CAP.
Al respecto, los presidentes de comunidad indicaron que al interior de los ayuntamientos existen «actitudes faraónicas» y un «pacto de impunidad con los poderes» estatales. «Ahora se jactan de que ya llegaron a acuerdos con los diputados para que su cuenta pública no sea revisada como se debe; por eso hacemos un llamado a los diputados que aprovechen la oportunidad que la ciudadanía les dio el pasado 1 de julio para asumir una función apegada a los intereses sociales y no a los particulares», dijeron esta tarde.
Reiteraron la importancia de establecer procesos de fiscalización objetivos e imparciales para desentrañar las redes de opacidad y corrupción que operan en los municipios.
Es pertinente recordar que el pasado 14 de septiembre un grupo de pobladores protestó por la falta de obras y trabajos inconclusos de rehabilitación en las principales calles del municipio de Tenancingo, además de que exigieron al presidente Daniel Martínez Serrano, transparentar el uso de los 50 millones de pesos etiquetados para el mantenimiento de las calles que, a dos meses de haber iniciado, están inconclusas y defectuosas.