El organismo busca fortalecer la cultura de la legalidad y la participación ciudadana en las próximas elecciones
«Contraloría social con enfoque de blindaje electoral”, es el título de la capacitación que la Contraloría del Ejecutivo (CE) realizó, misma que está “ dirigida a comités del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica del OPD Salud.
En la comunidad de Santa Fe, del municipio de Tlaxco, María Maricela Escobar Sánchez, Contralora del Ejecutivo, señaló que esta estrategia tiene el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en las próximas elecciones federales y locales, y difundir la cultura de la legalidad y la denuncia entre la población.
“No solamente somos un organismo de control correctivo, también preventivo, por ello buscamos que los apoyos económicos y en especie que otorgan los programas se apeguen a los lineamientos que establece la ley durante la época electoral”, refirió.
La titular de la Contraloría del Ejecutivo enfatizó que se busca promover el respeto de los derechos políticos de los tlaxcaltecas y vigilar que los programas y recursos públicos no sean utilizados con fines políticos.
Durante la capacitación, los servidores públicos conocieron los mecanismos de denuncia que existen como anónima, presencial y remota, a través del uso de medios electrónicos, y que pueden utilizar para reportar cualquier anomalía.
En su oportunidad, Lenin Calva Pérez, Secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, invitó a la ciudadanía a contribuir en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas en la entidad, a través de acciones de vigilancia de los programas sociales.
En tanto, Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta Municipal de Tlaxco, explicó que la comuna se sumará a estas acciones mediante la difusión de mensajes que sensibilicen a la población de su demarcación sobre la importancia de denunciar cualquier acto fuera de la ley.
En el evento estuvieron representantes de la Secretaría de Salud en el Estado y la Procuraduría General de Justicia en la entidad, así como servidores públicos e integrantes de los comités de contraloría social.