Advirtieron que impugnarán la determinación de los diputados, acusan violación al debido proceso y que el dictamen no corresponde al construido por la Comisión Instructora de Juicio Político.
Por mayoría de votos, el pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobaron la destitución de los tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Marlene Alonso Meneses, David Cabrera Canales y José Morones Servín, ante el conflicto interno que ha derivado en violaciones a las disposiciones legales y provocar un “trastorno en el funcionamiento normal” de este órgano.
En sesión extraordinaria pública, y sin la presencia de los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, se determinó llamar a los suplentes Didier Fabián López Sánchez, Fernando Hernández López y Mónica Cuamatzi Hernández, para asumir la posición de comisionados.
A la sesión asistieron 17 de los 25 integrantes del pleno, y se ausentaron los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político: José María Méndez, Irma Yordana Garay Loredo, Jesús Rolando Pérez Saavedra, y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.
El dictamen votado explica que Marlene Alonso Meneses, cometió violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuesto de la administración pública estatal, de los Poderes Legislativo y Judicial, organismo públicos autónomos y a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales.
Es señalada de nepotismo al tener como Director de Desarrollo Administrativo del IAIP a Mario Cruz Cisneros, con quien guarda parentesco por afinidad en tercer grado lo que se probó con actas de nacimiento y de matrimonio del Registro Civil.
Otras causales de su destitución fueron: despidos injustificados y sin tomar en consideración a los integrantes del Consejo General del instituto, de: Dania Sánchez Hernández, Directora de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados; Concepción Flores Sandoval, Directora de Informática; José Oscar Macías Montes, Jefe de la Unidad Jurídica; Mario Cisneros Cruz, Director de Desarrollo Administrativo; y Nancy Cuatzo Itzcua, Jefa de la Unidad de Comunicación Social.
De David Cabrera y José Morones, se determinó que incurrieron en la interpretación aislada del artículo quinto transitorio del decreto 217, del año 2016, en el que se designó por única ocasión al presidente del órgano garante por un periodo de tres años.
“De ahí que, tal circunstancia provocó el trastorno del funcionamiento normal del Instituto, y por ende, del ejercicio de sus atribuciones, de manera tal que los Comisionados denunciados se dedicaron a comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia vía Juicio de Protección Constitucional, y ante las autoridades ministeriales y judiciales competentes en materia penal, y la promoción de Juicios Políticos, lo cual, denota un trastorno en el funcionamiento normal del Instituto, y por ende, un conflicto entre los comisionados”.
Y continuó “de manera que, Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales, en lugar de atender las atribuciones y facultades establecidas en su favor por la Ley vigente, se han dedicado a desconocer un decreto que se encuentra vigente y firme, dado que no fue impugnado en tiempo y forma, e incluso, fue consentido por los aquí denunciados, de modo que al consentirlo se constriñeron a su observancia”.
En el desarrollo de la sesión extraordinaria pública estuvieron presentes los comisionados, incluso tuvieron su turno de alegatos junto con sus asesores legales, turno en el que acusaron a los diputados de cometer violación al debido proceso, al principio de legalidad, además que el dictamen no corresponde al construido por la Comisión Instructora de Juicio Político, y hubo acusaciones en razón de género, por lo que advirtieron que impugnarán el fallo del Congreso a pesar de que en el dictamen se advirtió que el acuerdo es inatacables. La sesión de pleno concluyó minutos antes de la una de la mañana de este jueves.