Dijo que comprobar la identidad de una persona, es un proceso largo y complicado, incluso afectaría a otros integrantes de la familia en la distribución de bienes.
La Ley Agnes que consiste en una reforma al Código Civil para el tramite de documentos como parte de una nueva identidad, derivaría en 23 posibles problemas, principalmente en temas legales y patrimoniales para quienes emprendan los tramites.
Así lo consideró el abogado y especialista en materia civil, Carlos Daniel Hernández Olivares, quien detalló que está a favor de la reforma para proteger los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay.
Sin embargo, mencionó que con base en los datos que tiene, el Congreso del Estado, dejaría lagunas legales en el cambio de identidad, sin importar que no se pida cirugías, tratamientos terapéuticos, cambio de forma de vestir o de hablar de la persona interesada.
15 ESTADOS PERMITEN CAMBIO DE IDENTIDAD; EN DOS APLICA PARA MENORES DE EDAD
Cabe señalar que a la fecha son 13 entidades las que tienen una legislación sobre la Ley de Identidad de Género: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
Llama la atención que solo en los estados de Jalisco y Oaxaca, permiten que los menores de 18 años, acedan a cambiar su identidad de género y nombre en su acta de nacimiento, mientras que en el caso de Puebla, se espera que el dictamen salga por fin este jueves ante el Pleno del Congreso del Estado.
Ante este escenario, el abogado ejemplificó que uno de los problemas patrimoniales serían las herencias, pues en algunos casos, los padres dejan testamentos para sus hijos, quienes si así lo deciden, cambiarán de identidad y corren el riesgo de perder esos bienes.
Dijo que comprobar la identidad de una persona, es un proceso largo y complicado, incluso afectaría a otros integrantes de la familia en la distribución de bienes, pues si no se tienen los nombres específicos de los beneficiarios, estos no accederían a las pertenencias.
Puntualizó que como abogado es testigo de cómo personas sin cambiar su identidad tienen problemas fiscales, por los errores que hay en sus actas de nacimiento; por lo tanto, que se esperaría de quienes cambiaron de documentación a raíz de sus preferencias sexuales.
Aclaró que si bien su rubro no es Código Penal, también se abre la posibilidad de que la reforma evite una verdadera impartición de justicia, pues si alguien comete un delito, hay posibilidad de cambiar su identidad inmediatamente, lo que dificultaría las investigaciones para castigar al responsable conforme a la ley.
“Calculo que son al menos 23 posibles problemas, son problemas patrimoniales y también emocionales entre las familias por esta decisión y el cambio de identidad, hasta problemas que abarcan errores ortográficos en actas de nacimiento que costarían la prisión a la persona”.
AGRUPACIONES CONTABILIZAN HASTA 65 CRIMENES DE ODIO
Hasta el último dato que se tiene en 2019, la Asociación “Incluirse AC”, reportó que en el estado de Puebla se han cometido desde 1996 hasta el año citado, un total de 65 crímenes de odio en contra de la comunidad lésbico-gay. En el caso de Puebla, la agrupación civil destacó que los municipios con el registro de mayores crímenes de odio son la capital y Tehuacán.
La primera con 33 casos y el segundo con nueve, después le sigue San Pedro Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Atlixco.