El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, señaló que el proceso legalmente no tenía futuro para el Legislativo
El Congreso del Estado desistió de la queja presentada en contra del juicio de amparo de Eduardo Rivera Pérez por las sanciones impuestas en las irregularidades detectadas en su Cuenta Pública de 2003 porque el proceso era “complicado” y no sería favorable para el Legislativo, no por algún acuerdo político.
Así lo aseguró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, quienconfirmó que el área jurídica del Legislativo dimitió la queja presentada, con lo cual se canceló la audiencia entre los equipos jurídicos de las partes involucradas previstas para el 29 de enero.
No obstante, aseguró que cumplirá con entregar la información referente al proceso de inhabilitación por 12 años y una sanción económica por 25.5 millones de pesos aprobados en contra del exalcalde panista como les requirió en diciembre pasado el Juez Tercero de Distrito.
“Estamos inmersos en momento político pero Lalo está en un proceso legal en el que está haciendo uso de todos los medios que tiene para defenderse”, por lo que el Legislativo como institución –recalcó– va a ser respetuosa de lo que se determine el juez federal tras presentarle los informes requeridos.