Las y los diputados locales de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de lograr una armonización jurídica que permita la correcta implementación de programas y políticas en la materia.
De la iniciativa presentada por el congresista, representante del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, se destacó la urgencia de armonizar y actualizar la normalidad vigente para dar pauta a las funciones, atribuciones y responsabilidades correspondientes a la hoy Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda.
En este sentido, las reformas correspondientes a diferentes artículos, establecen que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, será la encargada de fijar los criterios de seguridad de la tenencia de la tierra en las viviendas que se otorguen, así como para la disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural de tales viviendas.
Además, estas modificaciones, prevén la gestión de recursos para el financiamiento de acciones en materia de vivienda, así como la construcción de fondos de vivienda social y demás instrumentos jurídicos necesarios para el manejo de los recursos económicos, a fin de consolidar el bienestar de las y los tlaxcaltecas.
En la máxima tribuna tlaxcalteca, se recalcó que dichas modificaciones, también contemplan que la Secretaría verificará, en el ámbito de sus competencias, que las acciones de suelo y vivienda cumplan con las disposiciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población.
Es importante señalar que el dictamen fue presentado por las Comisiones Unidas, de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y la de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que presiden la diputada Reyna Flor Báez Lozano y el diputado Lenin Calva Pérez, respectivamente.
De esta manera, se prioriza el derecho de todas las personas a gozar de una vivienda digna, que cumpla con las necesidades de quien la habitan.
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