Todavía no hay un marco local y a más tardar en julio debería aprobarse.
Si el Congreso de Puebla no logra una reforma para castigar la violencia política de género, el Instituto Electoral del Estado (IEE) aplicaría las sanciones respectivas que vienen en la ley federal de cara al 2021, cuando se renovarán 217 alcaldías, 26 diputaciones locales y 15 legislaturas federales.
El presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre, añadió que en Puebla está reconocida la figura de violencia política de género, pero faltan las sanciones que deben plasmarse en el Código Electoral, Código Penal y Constitución Local a más tardar en julio.
Dijo que cualquier reforma en materia electoral debe avalarse tres meses antes del inicio del proceso comicial que será en agosto; por lo tanto, insistió que sino existen estos cambios en las leyes locales, se emitirá un acuerdo para que el IEE sancione la violencia política de género con base en la normativa federal. Indicó que los problemas de violencia política de género son un problema que crece en Puebla y no descartó que para el siguiente proceso electoral, estos escenarios se agraven más en contra de las mujeres.
Recordó que en las recientes recomendaciones hacia el legislador sin partido Héctor Alonso Granados por sus comentarios misóginos en contra de la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, se aplicó lo que dice la ley federal en la materia donde se le advierte que si incurre en lo mismo, puede ser separado del cargo. “Si no fuera el caso de que en Puebla se realizará esta armonización legislativa.
Ya en el trámite de las quejas se puede entrar al estudio, al análisis de cada una de las conductas en particular y llegado el momento si hubiera necesidad, tomar las medidas cautelares que se determinen procedentes y que sean solicitadas por las víctimas”.
Cabe señalar que la comisión de Gobernación del Congreso del Estado, tiene dos propuestas para tipificar la violencia política de género, que presentaron el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), este último que plantea 6 años de prisión, perdida de registro de un partido y retirar una candidatura a quien incurra en este ilícito.