Organizaciones y activistas señalan que, al cuestionar la aplicación de la iniciativa anticorrupción 3 de 3 y defender a padres deudores, la CNDH viola los derechos de millones de niños

Organizaciones y activistas exigieron la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, luego de que el organismo presentara una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ley que prohíbe a deudores de pensión alimenticia contender y ocupar cargos públicos de elección popular en el estado de Yucatán.

En un foro organizado por el grupo 50+1, dichas voces señalan que, al cuestionar la aplicación de la iniciativa anticorrupción 3 de 3 y defender a padres deudores, en muchos casos, servidores públicos, la CNDH viola los derechos de millones de niños mexicanos que no reciben este apoyo, además de normalizar otro tipo de violencia de género.

En este marco, La coordinadora nacional de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, exigió respeto a los derechos de las niñas y los niños: “Ya no queremos agresores en el poder, porque no queremos que estén ahí los deudores, los acosadores, los abusadores».

Además de destacar el llamado de varias organizaciones para pedir la renuncia de Rosario Piedra, Juárez Piña llamó a la SCJN a confirmar la constitucionalidad de la ley, pues, agregó, «tiene que ver finalmente para que las mujeres y los niños y adolescentes puedan vivir mejor”.

Yndira Sandoval, defensora de derechos humanos, recordó que los casos de incumplimiento de responsabilidades familiares «todos los días representan cerca de 48 y 50 nuevas denuncias” y «sólo dos de cada 10 niñas o niños» reciben la pensión alimenticia.

Este miércoles, con un documento firmado por miles de mujeres, así como organizaciones como la propia 50+1, Todas MX y Las Brujas del Mar, se exigirá ante el Senado de la República renuncia de Rosario Piedra al frente de la CNDH por demostrar carencias «intolerables» en su cargo.

La CNDH se defiende

El pasado 14 de agosto, la CNDH aseguró que «no defiende a deudores alimentarios».

“Es pertinente aclarar categóricamente que este Organismo Nacional no ‘defiende a los deudores alimentarios’; por el contrario, dicha acción de inconstitucionalidad tiene como propósito que las leyes combatidas se ajusten a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y contribuir a evitar que se exijan requisitos, para cualquier cargo o empleo, que no se sustenten en aptitudes, idoneidad o conocimiento para la adecuada ejecución de la labor que corresponda”, señaló el organismo en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

La Comisión aseguró que, si bien, la obligación alimentaria se debe cumplir, la medida implementada “impide a quienes se encuentren en dicha situación acceder a los medios para atender su responsabilidad” y que se puede optar por “medidas menos lesivas, estigmatizantes y que no pusieran en riesgo ningún derecho fundamental”.

La Acción de Inconstitucionalidad 98/2022, a decir de la CNDH, “busca que las normas que fueron impugnadas, sean respetuosas de los derechos humanos de igualdad y prohibición de discriminación, así como de seguridad jurídica”, pues las leyes y ordenamientos del estado de Yucatán, que establecen como requisito no ser deudor alimentario moroso para desempeñar cargos públicos, se fundan en “un eventual conflicto de intereses”.

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