Fortalecer la perspectiva de género en la implementación de las políticas públicas es una tarea necesaria para atender la violencia contra la mujer: Blanca Lilia Ibarra Cadena.


Adoptar el enfoque de género en las políticas públicas, trabajos y acciones que realizan las diferentes instituciones del Estado, así como en el acceso a la información, es una condición necesaria para enfrentar los problemas y desigualdades que afectan principalmente a las mujeres y garantizar sus derechos, coincidieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, durante el foro digital Garantía del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia en tiempos del COVID-19.

El foro se inscribe en el programa Diálogo, Sociedad Civil y Transparencia que promueve el INAI. En el contexto de la pandemia del COVID-19 y del crecimiento exponencial de sus riesgos, fue un espacio propicio para deliberar entre los representantes de las instituciones públicas y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil sobre la garantía del derecho de acceso a la información y su utilidad para exigir el respeto de otros derechos humanos y hacer frente a dos problemas cruciales: la violencia de género y la crisis de salud.

Durante la inauguración, el Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, lamentó que en el mundo prevalezcan circunstancias que marginan, excluyen y niegan el conocimiento y las habilidades potenciales de la mujer en todos los planos y geografías de la actividad.

Destacó la función del INAI como un instrumento para que la información pública permita interacción social en beneficio de las causas más urgentes, como la de colocar a la mujer en el epicentro del firmamento público.

“La realidad exige que la mujer se coloque en el piso del Estado, que no tenga techos de cristal y llegué a los puntos que deba y pueda llegar en una paridad ansiada, para después, algún día, llegar hablar solo de personas, talentos y habilidades porque ya no sería necesario estar acusando sexismo desde una perspectiva que parezca o sea en algunos de los aspectos inconveniente.

Por ahora se requiere que haya toda una cauda de energía cívica volcada a potenciar, a afirmar la posición de la mujer en una igualdad sustancial”, subrayó. La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que el confinamiento social como medida para erradicar propagación del virus detonó una serie de conductas violentas cuyas víctimas principales son las mujeres, aun cuando dos semanas antes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar el movimiento convocado para protestar contra la violencia de género y la desigualdad en el país, luego de una oleada de feminicidios y de otros problemas de violencia contra las mujeres.

«La magnitud de la violencia contra las mujeres confinadas ha provocado que a este problema se le denomine como la otra pandemia o la pandemia de las sombras. El incremento de la discriminación que niega derechos y acentúa la desigualdad y la vulnerabilidad y que se dirige especialmente hacia las mujeres y las niñas constituye una contundente interpelación a nosotras, quienes tenemos responsabilidades directivas en las instituciones públicas”, enfatizó.

En este contexto, la Comisionada Ibarra Cadena aseveró que fortalecer la perspectiva de género en la implementación de las políticas públicas es una tarea necesaria, que más que nunca debe desplegarse para encarar los problemas sociales.

La Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, lamentó que durante el confinamiento se hayan intensificado los casos de violencia y exhortó a defender, respetar, promover y garantizar el acceso a la información en materia de género, con el objetivo de que las mujeres tengan mejores herramientas y más derechos para salir adelante.

Destacó que con las reformas en materia de paridad de género y sobre violencia política contra las mujeres, impulsadas desde el Senado, el INAI, como encargado de garantizar el respeto al derecho de la información, podrá contribuir directa e indirectamente en el cumplimiento de los principios de paridad y en el ejercicio de los derechos políticos, para evitar la violencia política en razón de género.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, sostuvo que la pandemia ha develado de manera irrefutable la grave situación de vulnerabilidad de la mujer frente al fenómeno de la violencia, por lo que generar y divulgar información durante la contingencia es clave para garantizar no solo la salud de las mujeres sino su integridad física y psicológica.

Indicó que, tras la pandemia, deberá recopilarse información que permita la implementación de políticas públicas con el objetivo prioritario erradicar las desigualdades y la violencia, y se pronunció por enfocar el esfuerzo de las instituciones del Estado en alcanzar la igualdad sustantiva como presupuesto fundamental de una sociedad democrática en la que el acceso a la información pública juega el papel relevante.

Finalmente, la Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, consideró es fundamental que una institución como el INAI atienda de manera tajante el tema de la perspectiva de género, de manera transversal en la función que realiza para el Estado mexicano: garantizar el ejercicio del derecho de la información de todas y todos los mexicanos.

Apuntó que el acceso a la información con perspectiva de género resulta esencial para alcanzar la democracia paritaria, reducir la brecha de género y garantizar el derecho pleno de la mujer a una vida libre de violencia, sobre todo, en el contexto de la crisis sanitaria, que ha acentuado la violencia contra las mujeres.

En los trabajos del foro participaron representantes del Senado de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como especialistas y académicos, con el objetivo de visibilizar los viejos y los nuevos problemas en materia de género, así como para destacar la utilidad del derecho de acceso a la información para atender la violencia de género y la crisis de salud, tanto desde el ámbito gubernamental como desde las distintas formas de expresión y organización de la sociedad civil. «

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