El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, sostuvieron que la académica María Amparo Casar Pérez, cobra una pensión indebida por más de 31 millones de pesos, a lo largo de los años transcurridos, tras hacer pasar la muerte de su esposo como un accidente en su lugar de trabajo, cuando la muerte del ex coordinador de asesores de la petrolera estatal, Carlos Fernando Márquez Padilla García, ocurrida en 2004, se debió a un presunto suicidio.
De acuerdo con una nota de Aristegui Noticias, el titular de Pemex reveló que la empresa presentó una denuncia contra Casar, actualmente presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y otras personas involucradas por lo que calificó como un acto de presunta corrupción y agregó que Pemex buscará recuperar esos 31 millones de pesos pagados a María Amparo Casar por la muerte de su esposo.
Tras las declaraciones del titular de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la presidenta de MCCI, quien apenas un día antes presentó su libro “Los puntos sobre la íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó”, en el cual se hace un balance muy crítico sobre la actual administración federal.
En respuesta, la presidenta de MCCI, María Amparo Casar, negó haber solicitado al ex procurador del DF, Bernardo Bátiz, el cambio de dictamen para poder cobrar la pensión y calificó las acusaciones de Pemex y López Obrador como una infamia.
“Se trata de una infamia, se trata de una mentira, se trata de una ruindad y se trata del abuso del aparato del estado para acallar y para vengarse de una ciudadana que preside MCCI. Está reviviendo un caso, para mí te imaginarás muy doloroso de hace 20 años, cuando mi marido murió; en efecto, cayó del octavo piso como lo cuenta él con toda con todo lujo de detalle y sin importarle lo sentimientos de la persona”, respondió.
Previamente, López Obrador acusó a Casar y al escritor Héctor Aguilar Camín de presunta corrupción por haber solicitado -según afirmó el presidente- el cambio el dictamen sobre la muerte de su esposo, con el fin de tener acceso a los beneficios otorgados por la petrolera.
“[Héctor] Aguilar [Camín] y la señora fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio, para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros y una pensión vitalicia de 130 mil pesos”, declaró este viernes en su rueda de prensa diaria.
“¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo, para combatir la corrupción, si yo soy parte de la corrupción? Se necesita tener cara dura”, expresó.
Carlos Fernando Márquez Padilla García, era coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex y falleció el 7 de octubre de 2004 tras caer de una ventana del piso 12 de la Torre de Pemex, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Tras el fallecimiento, María Amparo Casar solicitó diversos pagos por la muerte de su esposo. Entre ellos se encontraba el pago de un seguro de vida, ayuda de gastos funerarios y pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años.
A esto se suma una pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez, de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, misma que se dejó de pagar en febrero pasado.
“Todo lo anterior, porque los Directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del ministerio público , que finalmente resolvió que fue un suicidio”, señaló Romero.
Pemex aseguró que solicitó copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa relacionadas con este caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Dicho dictamen criminalístico determinó el “No ejercicio de la Acción Penal” tras concluir que “ninguna persona privó de la vida” al coordinador, “ya que él se quitó la vida voluntariamente”, señaló el director de la petrolera.
“Al verificarse que el C. Márquez ocasionó intencionalmente su muerte, se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”, agregó.
Romero Oropeza también dio a conocer que se emprendieron diversas acciones legales, las cuales se encuentran actualmente en trámite “para intentar recuperar los montos pagados indebidamente”, estimados en más 31 millones de pesos, “así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.
Por su parte, María Amparo Casar, dijo que desconocía la acción legal en su contra y dijo que en este caso pasó de “víctima a delincuente”, destacando que hace 20 años cuando murió su esposo, nadie le enseñó un dictamen en el que se concluyera que la muerte de su esposo fue un suicidio.
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