Reducción de presupuesto, corrupción, personal sin contratos ni condiciones mínimas de trabajo, también afectan el funcionamiento del sistema público de salud.
La pandemia del Covid-19 desnudó el deterioro del sistema público de salud en México acumulado por décadas. La emergencia sacó a la luz fallas estructurales derivadas de la segmentación entre quienes tienen y no tienen acceso a servicios de salud de la seguridad social. También mostró la acumulación reciente de rezagos y corrupción que afectan el abasto de medicamentos, la falta de equipamiento de hospitales y el uso de contratos de honorarios para personal de salud, entre tantas otras.
De acuerdo con especialistas e integrantes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una vez pasada esta emergencia, será indispensable enviar el sistema de salud a “terapia intensiva” para un proceso largo de recuperación hasta que se logre la cobertura universal de salud con calidad y equidad, como un derecho de todas las personas, y no como una prestación derivada del trabajo; así como convertir a la salud en la prioridad nacional número 1 para garantizarle la inversión que requiere; como dos aprendizajes surgidos de esta pandemia.
Los problemas de calidad de la atención del sistema público de salud salieron a relucir, en múltiples aspectos, en especial, por el abandono a las acciones de prevención y promoción de la salud para detener la obesidad y las enfermedades crónico degenerativas asociadas y por la incapacidad de garantizar tratamientos adecuados y oportunos ante enfermedades totalmente curables y controlables, como la diabetes mellitus, la hipertensión e incluso algunos de los cánceres más comunes, que representan las tres principales causas de mortalidad en nuestro país.
Más allá de las discusiones sobre el manejo de los datos y el enfoque de las medidas de contención de la pandemia, urge reconocer que la letalidad por Covid que padece nuestro país, está directamente vinculada con la alta prevalencia de enfermedades crónicas, que son las “comorbilidades” (obesidad, diabetes, hipertensión), que agravan a quienes se contagian del virus.
Padecimientos para los cuales el sistema público de salud no garantiza prevención, detección oportuna del riesgo, tratamiento oportuno en las primeras fases y que son en las causas número 1 y 2 de mortalidad en general y de muertes evitables, antes del Covid-19. Como muestras que alertan la gravedad de la situación, que justifica la necesidad de una transformación a fondo del sistema de salud, podemos señalar: · 20 millones de personas carecen de afiliación a cualquier servicio de salud (16%)
· Seis de cada 10 personas ocupadas carecen de acceso a servicios de salud por su trabajo. Son en total 34 millones de personas que trabajan en la “informalidad” y precariedad. · En zonas de alto rezago social y regiones indígenas, las unidades del IMSS-Bienestar ofrecen un “paquete de atención” mínimo, muy por debajo del catalogo que incluía el “seguro popular” y sobretodo, mucho menor que el ofrecido en el IMSS y la seguridad social.
· El gasto público por persona para población con seguridad social es 40% mayor que el asignado a población sin seguridad social.· Solo la mitad de quienes acuden a los servicios públicos de salud reciben atención preventiva. Solo la mitad de quienes acuden a los servicios públicos de salud reciben atención preventiva.· La mitad de los casos de diabetes mellitus no están diagnósticados oportunamente. Y para quienes ya han sido diagnósticados, solo la mitad recibe el seguimiento básico posterior con medición de hemoglobina en sangre (52%).
· Diversos estudios en años recientes, muestran serios problemas de abasto de medicamentos en las unidades de salud, recetas surtidas de manera incompleta y posposición por meses de estudios especializados (como las tomografías) y las cirugías programables.
· La permanencia del gasto privado de bolsillo de las personas que tienen que aportar una parte de los insumos, de los estudios o de los medicamentos requeridos para su tratamiento y que representa casi la mitad del gasto total en salud (48.5%). Lo más grave es que este deterioro se acompaña de innumerables muestras de corrupción y negligencia de las autoridades del sistema público de salud.
Compras de insumos y medicinas con sobreprecio, hospitales sin equipamiento y el escándalo de la contratación de personal de salud . . . sin afiliación a servicios de salud (abusando de los contratos por “honorarios”), práctica que se asemeja al outsourcing abusivo.
El conjunto de intereses políticos, sindicales y empresariales que han capturado al sistema de salud impiden el cumplimiento de su función, pese al esfuerzo y dedicación del personal médico, de enfermería y técnico que en esta emergencia ha demostrado una vez más su profesionalismo y su heroísmo y que incluso está pagando con su vida, de manera desproporcionada e inaceptable, su servicio público a la salud, en un sistema deteriorado que por momentos no pudo ni ofrecerles el instrumental e insumos básicos de protección frente al virus.
Ante estas realidades, que son solo una muestra que requiere analizarse con mayor atención, desde la sociedad civil queremos impulsar una propuesta de transformación de gran calado, que permita construir un sistema de cobertura universal, con calidad y equidad.
Un sistema público de salud centrado en la persona y que cumpla con el enfoque con los principios del enfoque de derechos previsto en el artículo 1º: universal y progresivo.
Así como en los criterios de accesibilidad sin condiciones y asequibilidad sin relación con la capacidad de pago o status económico o laboral.
El diálogo realizado hoy con la Dra Rosario Cárdenas, académica de la UAM, experta en demografía y población, y con el Dr. Pedro Saturno, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), experto en evaluación y promoción de la calidad de la salud, permiten nutrir el debate público para la construcción del plan de transición que permita convertir la salud en un derecho (y ya no mas en una especie de prestación vinculada al régimen laboral).
Y esperamos permita avanzar en convertir la inversión en el sistema público de salud como la prioridad nacional número uno.