Al menos dos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que participó en la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser citados a declarar judicialmente sobre el caso, informó Excélsior.
En vísperas de cumplirse nueve años de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la defensa de los militares procesados por el caso pidió la comparecencia de por lo menos dos de los miembros del grupo de especialistas, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, junto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el extitular de la fiscalía del caso, Omar Gómez Trejo, solicitud que fue aceptada por el juez de causa.
Ante ello, la representación legal de los padres de los 43 normalistas interpuso un amparo para evitar que Encinas, Gómez Trejo, Buitrago y Beristain hagan una declaración judicial.
De acuerdo con la defensa de los elementos de la Sedena procesados, la decisión de que tanto Encinas como Gómez Trejo comparezcan está dentro de la legalidad, ya que, como funcionarios públicos, están sujetos a leyes que los obligan a la rendición de cuentas.
Sin embargo, existe controversia respecto a que los integrantes del GIEI sean interrogados, debido a que los instrumentos internacionales y los convenios firmados entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su conformación dotaron a sus miembros de inmunidad diplomática.
El dato
Encuentro
Hoy, el presidente López Obrador se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para dar respuesta a su pliego petitorio.
Chocan padres de los 43 con militares; a 9 años de la desaparición de los normalistas
La defensa de elementos de la Sedena procesados por el caso Ayotzinapa pretende que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, el exfiscal Omar Gómez Trejo y miembros del GIEI declaren ante el juez de la causa; la representación de los estudiantes se ampara para evitar la promoción .
En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se abre un frente nuevo: que declaren o no ante el juez de la causa un servidor público de primer nivel en funciones; el exfiscal del caso y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que terminaron su labor el 25 de julio de 2023.
Hoy, en el marco de una nueva reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los estudiantes desparecidos y en la víspera de cumplirse nueve años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, estará sobre la mesa esta nueva circunstancia:
La defensa de los militares procesados por el caso pidió la comparecencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, del exfiscal en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y de al menos dos de los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain.
Promoción que ya fue aceptada por el juez de la causa, según hizo público el abogado de los padres de los normalistas Vidulfo Rosales.
Cabe recordar que el pasado 27 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas, al asegurar que éstas sí cooperan en el caso de los 43, luego de que el GIEI las señaló de obstruir la investigación.
La representación legal de los padres de los 43 normalistas, por su parte, interpuso un amparo para evitar que Encinas, Gómez Trejo, Buitrago y Beristain hagan una declaración judicial.
Un punto clave en el caso de quienes integraron el GIEI en su última etapa, será la revisión de los instrumentos internacionales y los términos concretos de los convenios firmados entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)— para determinar si los miembros del GIEI efectivamente tenían o tienen (cuando ya terminó su mandato) inmunidad diplomática, lo que implicaría un impedimento para que se tomaran acciones legales en su contra por las irregularidades en que hubieren incurrido durante el ejercicio de su mandato, si así sucedió.
Esto, ya que en las últimas etapas de su trabajo de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, la naturaleza del GIEI se modificó: pasó a ser Grupo de Apoyo Técnico (GAT), como lo señala el documento firmado por el gobierno de México y la Secretaría General de la OEA, en mayo de 2020.
En ese documento se informó que, a partir del 1 de agosto de 2019, “la CIDH vinculó como consultores a dos de los expertos (Buitrago y Beristain) del GIEI, quienes harían parte del GAT”.
Falta conocerse los términos de cómo el gobierno de México contrató como consultores a los integrantes del GIEI.
En el artículo IV Garantías del gobierno para el buen desarrollo de la asistencia técnica internacional, inciso 4.6, del acuerdo firmado en mayo de 2020 entre el gobierno de México y la OEA, se lee:
“Los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el desempeño de las funciones del GIEI, conforme al derecho internacional aplicable, incluyendo inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal, inmunidad contra todo procedimiento seguido ante autoridad judicial, ministerial o administrativa respecto de los actos ejecutados y expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones, e inviolabilidad de todo papel, documento y correspondencia. Los privilegios e inmunidades respecto de las funciones cumplidas por el GIEl son perpetuas”.
Es ahí donde radica parte del diferendo: si la inmunidad diplomática, que la defensa de los 43 normalistas alega en su amparo impedirá o no que los miembros del GIEI sean interrogados y rindan testimonio ante el juez.
Por lo que respecta a que Encinas declare ante un juez, como titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, se aprecia conducente, ya que, de acuerdo con expertos, no se trata de una instancia de justicia transicional, como se alega en el amparo de la defensa de los padres de los 43 normalistas.
La Comisión de la Verdad fue creada por decreto presidencial, con las características de una dependencia más de la administración pública federal; los servidores públicos que ahí se desempeñan están sujetos a las leyes que rigen el actuar de aquellos que prestan sus servicios al Estado.
En ese sentido, la decisión judicial de que el subsecretario Encinas sea interrogado y rinda testimonio judicial se enmarca dentro de la legalidad; del mismo modo se enclava el caso del exfiscal Gómez Trejo, que no podría se exento de ser interrogado y rendir testimonio ante las autoridades ministeriales y judiciales con respecto a su actuación en el caso, ya que como Encinas y los miembros del GIEI recibieron recursos públicos lo que los hace sujetos a las leyes que los obliga a la rendición de cuentas, según la promoción de la defensa de los militares procesados por el caso de los 43 desaparecidos.
La conclusión de Comisión de la Verdad
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó que el motivo de la presencia de los normalistas en Iguala fue para tomar autobuses de pasajeros para trasladarse a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre.
Que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un crimen de Estado, en el que participaron integrantes del Grupo delictivo Guerreros Unidos y gente de diferentes instituciones de gobierno, que las autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes y alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a lo ocurrido.
Sin indicios de que sigan con vida
Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias señalan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
Sobre el paradero de los 43 normalistas, después de interrogar a varios de los detenidos pertenecientes a Guerreros Unidos, se llegó a la conclusión que los normalistas fueron repartidos en varios grupos y entregados a encargados de células de Guerreros Unidos, quienes se encargaron de deshacerse de ellos:
El Chino arrojó sus paquetes al río Balsas.
La Gorda los llevó al pozo de Pueblo Viejo.
A El Moreno le pidieron que “cocinara” a diez normalistas y que por falta de material, sólo pudo con cinco y los otros cinco se los envió a El Chuki.
Otro grupo más fue llevado a la Casa de Huitzuco.
El Chino declaró que hasta la mina de Los Patrones aventaron a varios de los normalistas.
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que en todo lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo militares que tomaron nota de todo lo ocurrido en los diferentes escenarios, nunca se señala la participación de los militares en los hechos, sólo como testigos.
Sin embargo, las nuevas investigaciones y los padres de familia de los 43 piden que se entregue toda la información que tiene la Sedena de lo ocurrido en Iguala, pues afirman que ellos sí tuvieron una participación activa en los hechos.
De acuerdo con las últimas investigaciones, en el momento de los hechos, había en Iguala la disputa por el territorio por parte del Grupo de Los Rojos de Chilpancingo, La Familia Michoacana aliada con Guerreros Unidos, el grupo que controlaba la ciudad. El 3 de junio de 2013, los normalistas de Ayotzinapa realizaron una manifestación por el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Carmona.
Los jóvenes tomaron el Palacio Municipal, destruyeron muebles, quemaron documentos y dejaron las instalaciones destruidas, ante esto, el alcalde José Luis Abarca amenazó a los normalistas de que si regresaban a Iguala sufrirían las consecuencias, además de que ese día se corrió el rumor de que entre los normalistas había integrantes del grupo de Los Rojos que venían a “calentar” la plaza.
Foto: Especial