El código penal establece penas de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia al que incumpla.
Del primero al segundo mes de este año, en 21 estados aumentó la incidencia del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y en cuatro de ellos en más del 50 por ciento, como son los casos de Durango, Nayarit, Quintana Roo y Sonora.
A nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del 2021 se registró un incremento del 31.7 por ciento, al contabilizarse 23 mil 285 carpetas de investigación contra las 17 mil 678 que hubo en el 2020.
Con base en la misma fuente, entre enero y febrero de este 2022 Nayarit pasó de 44 casos en enero a 70 en febrero, lo que representa un aumento de 59 por ciento; mientras que Durango tuvo un incremento de 157 por ciento al pasar de 7 a 18 expedientes de un mes a otro.
En Sonora, los deudores alimentarios denunciados pasaron de 80 a 124, un aumento de 55 por ciento; en Quintana Roo, de enero a febrero las carpetas por este delito subieron 57.6 por ciento; mientras que Tamaulipas registró 21 por ciento en el mismo lapso.
«Si se vota a favor, esto le abrirá la puerta a todos los deudores alimentarios del país; sería una violencia contra las infancias, sí, y sería indiscutiblemente una violencia machista».
Jalisco no presenta ningún caso por este delito, mientras que Oaxaca se mantuvo con el mismo número de carpetas por incumplimiento, que fueron en total 11.
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En el lapso revisado, ocho estados presentaron una disminución en sus presuntos deudores alimentarios, como Campeche, en donde las carpetas de investigación bajaron de 27 a 16, es decir, un 68.7 por ciento.
El tema, en manos de la Corte
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el amparo 613/2019, en donde la parte quejosa busca que se extinga un proceso penal abierto en su contra por dejar de pagar la pensión alimenticia.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone conceder el amparo solicitado, lo que implicaría abrir el camino hacia la despenalización de esta conducta.
En el proyecto, Ortiz Mena propone declarar inconstitucional el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, que establece penas de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos.