Estados Unidos compartió su preocupación por los ataques ataques dirigidos al Poder Judicial, especialmente a la Suprema Corte, así como a periodistas y organizaciones civiles por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su Informe Anual 2023 sobre Derechos Humanos, el Departamento de Estado resaltó el conflicto con la presidenta de la Corte, Norma Piña, junto con las críticas expresadas durante las conferencias matutinas, además de la persistente impunidad en la persecución de delitos en México.
“El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al poder judicial, en particular al Tribunal Supremo, criticando en numerosas ocasiones a los jueces que fallaban en contra de la administración”, alerta el informe.
Además, Estados Unidos dio cuenta de diversos ataques a Norma Piña y a otros ministros de la SCJN, mencionando dos eventos. El primero durante una manifestación multitudinaria en Ciudad de México, donde partidarios del gobierno quemaron una efigie con forma y cara de Norma Piña, mientras se le acusaba de corrupción.
El segundo en mayo de 2023, cuando el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezó una manifestación en Ciudad de México en la que los simpatizantes portaron ataúdes con los nombres de siete de los once magistrados de la SCJN y los acusaron de ponerse del lado de los opositores conservadores y fallar en contra de las prioridades de la administración.
Asimismo menciona que el portal Animal Político informó de que cuentas favorables a López Obrador difundieron más de 20,000 publicaciones en X (antes Twitter) “en una campaña de desprestigio en línea” contra la entonces recién electa presidenta de Suprema Corte, “quien a menudo falló en contra del gobierno de López Obrador en decisiones judiciales. Muchos de los tweets utilizaron el hashtag #PiñaMadrinaDeLosNarcos para establecer vínculos infundados entre Piña y el narcotráfico”.
Sin embargo, el informe también alerta que aunque la Constitución y la ley preveían un Poder Judicial independiente, las decisiones judiciales fueron susceptibles de recibir influencias indebidas privadas y públicas, especialmente a nivel estatal y local, así como por organizaciones criminales transnacionales.
“En ocasiones, las autoridades a veces no respetaban las órdenes judiciales y en ocasiones se ignoraban las órdenes de detención, en consonancia con la falta de independencia judicial y de estado de derecho en todo el en todo el sistema judicial”, se lee.
“En todo el sistema de justicia penal, muchos agentes carecían de la formación y capacidad necesarias para desempeñar sus funciones de forma equitativa y en consonancia con el principio de justicia igualitaria”.
La publicación concluye que no ha habido “cambios significativos” en la situación de derechos humanos en México y específica que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando en connivencia con las autoridades locales.
De hecho, se retoma como organizaciones internacionales y medios de comunicación informaron de casos de persecución a migrantes y solicitantes de asilo por parte de grupos delictivos y en algunos casos también por parte de la policía, funcionarios de inmigración y agentes de aduanas.
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