“Una vez más, deploramos que se mantengan prácticas de comercio ilícito de bienes culturales que socavan el patrimonio, la historia y la identidad de nuestros pueblos originarios”.
Las embajadas de Bolivia, Guatemala y México en Francia protestaron contra la intención de la casa Millon & Associés de vender 85 piezas arqueológicas; fomenta «el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada transnacional”, aseveraron en un comunicado conjunto.
“Una vez más, deploramos que se mantengan prácticas de comercio ilícito de bienes culturales que socavan el patrimonio, la historia y la identidad de nuestros pueblos originarios”.
Asimismo, anunciaron que mantienen el «firme propósito de promover acciones para detener la comercialización de bienes que pertenecen a nuestros respectivos Estados y de realizar acciones de sensibilización para que se reconozca que forman parte del patrimonio histórico de toda la humanidad”.
Aquí se reproduce el resto de este comunicado:
“Tenemos el ánimo de lograr un cambio en la mentalidad de las personas. Así como hace muchos años se usaban pieles de animales, pues la gente poco a poco comenzó a ver que eso no era lo correcto. Hay piezas que incluso son las deidades de ciertos pueblos. ¡O sea, imagínense que está uno comercializando!”, declaró a RFI Blanca Jiménez, embajadora de México en Francia.
La diplomática mexicana indicó que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de su país había presentado -a través de la Fiscalía General mexicana – una denuncia ante las autoridades francesas.
Sin embargo, “el marco jurídico que regula las ventas y subastas de los bienes culturales en Francia establece que la restitución de las piezas depende de la voluntad del poseedor privado, lo que limita sensiblemente nuestro marco de acción”, subrayan los embajadores de Bolivia, México y Guatemala. Además, Francia se adhirió al convenio de la Unesco de 1970 que impide la importación y el comercio de bienes arqueológicos.
Sin embargo, Francia se adhirió a dicho convenio en 1997, con lo cual su legislación empezó a regir más tarde. “Pero el problema es que nuestra legislación desde 1827 considera que todos estos bienes han salido ilegalmente del país”, precisó la embajadora mexicana.