Trabajadores protestan por la postura de Disney sobre los problemas LGBTQ y participan en una huelga de empleados en Walt Disney World.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, pidió al Congreso estatal una ley para acabar con las protecciones especiales que permiten al complejo Walt Disney World desde hace décadas operar como un organismo autogobernado.
Cuando en 1967 la multinacional estadounidense de entretenimiento Walt Disney World obtuvo autonomía para operar como un organismo autogobernado en las zonas donde están ubicados sus parques, su intención era construir una ciudad futurista y un parque temático. La ciudad nunca se materializó, pero sí lo que hoy se conoce como Epcot.
En un área de unos 100 kilómetros cuadrados que se asienta entre los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado, Walt Disney World tiene su propia policía y cuerpo de bomberos, entre otros aspectos.
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Sin embargo, la Gobernación de Florida quiere acabar con este beneficio, en medio de una acalorada discusión política en torno a la reciente y polémica ley que los críticos han denominado ‘No digas gay’, que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género a los niños desde el jardín hasta tercer grado.
“Estoy anunciando hoy que estamos ampliando la convocatoria de lo que van a considerar (los legisladores) esta semana. Entonces, sí, considerarán el mapa del Congreso, pero también considerarán la terminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968, y eso incluye el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek”, afirmó DeSantis en una conferencia de prensa, haciendo referencia el distrito de gobierno de la compañía sin mencionar directamente a Disney.
El anuncio supone un nuevo capítulo en el pulso que DeSantis mantiene con Disney después de que la empresa señalara en un comunicado que la norma «nunca debió ser aprobada».
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Los defensores LGBTIQ+ que trabajan para la multinacional criticaron al presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, por lo que catalogaron como “respuesta lenta” frente al proyecto de ley. Algunos, incluso, abandonaron su trabajo a manera de protesta.
La empresa no solo presentó disculpas, sino que, poco antes de la promulgación de la ley, en marzo pasado, anunció que cancelaba sus cuantiosos donativos políticos en Florida, lo que incluye al propio gobernador, y que incrementaría sus fondos a favor de grupos que combatan medidas similares en otros estados.
Disney es uno de los mayores empleadores privados de Florida: el año pasado, la empresa dijo tener más de 60.000 trabajadores en el estado.