Por otro lado, la tasa de víctimas de homicidio doloso oscila entre las 8 y 16 víctimas por cada 100 mil habitantes
Tlaxcala es la tercera entidad del país que registró el mayor aumento en el índice de robo con un crecimiento anual de 14.24 por ciento y se ubica en el nivel medio-bajo respecto a la tasa de víctimas de homicidio doloso, cifras inusuales para una de las entidades consideradas, al menos hace 10 años, como la más pacífica y que ahora son un riesgo político para los gobiernos federal y estatal, según el análisis “Diez riesgos políticos para 2022” de Integralia Consultores.
Entre los 10 riesgos la consultora coloca a la delincuencia organizada o delincuencia común como uno de los factores que aumentaría el riesgo de la inseguridad pública; Integralia estima que para este año se mantendrán las tasas altas de delitos, lo que perjudicaría el entorno de los negocios y el atractivo para la inversión privada.
Señala que después de Campeche y Colima, que registraron crecimientos de 50.21 y 23.25 respectivamente, Tlaxcala es la tercera entidad con el mayor aumento del robo a transeúnte, casa habitación, negocio, al transporte de carga, de automóviles y otras modalidades del delito, lo que es un mal síntoma para los negocios, la economía local y la paz social.
Por otro lado, su tasa de víctimas de homicidio doloso oscila entre las 8 y 16 víctimas por cada 100 mil habitantes, rango que coloca a la entidad en el nivel medio bajo mientras que en rangos altos se ubican los estados del norte y en menor medida los del sur-poniente.
La mención especial para Tlaxcala se deriva de los 2 mil 724 robos registrados durante 2021, es decir, 109 más que los 2 mil 615 reportados en 2020; aunque, acota, la cifra en 2019 fue de 2 mil 822 robos, lo que indica que es uno de los delitos que no se ha podido controlar y que solo tuvo una tregua en el periodo del confinamiento por la pandemia.
Según Integralia esto podría aumentar el riesgo a nivel estatal y federal de la percepción sobre la ineficacia gubernamental, la incertidumbre jurídica, la inseguridad pública y la conflictividad social.