En el caso de Tlaxcala, la evaluación hecha por la CNDH incumplió con 14 de los 24 indicadores para la atención de personas que sufren alguna discapacidad.
El gobierno de Puebla donó al Teletón más de 173. 1 millones de pesos de su presupuesto para atender a personas con discapacidad, entre 2014 y 2016, lo que equivale al 87 por ciento de los 200 millones de pesos asignados a este rubro, esto según el Informe Especial de la CNDH sobre el «Estado que guarda los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país».
El documento revela que que solo 26 millones 606 mil 567 pesos fueron entregados a instituciones públicas de Puebla durante los tres años referidos.
Entre generalidades y ambigüedades, los estados de Puebla y Tlaxcala presentaron un cumplimiento «medio» respecto a la evaluación de 25 derechos humanos de las personas con discapacidad.
De acuerdo con información actualizada hasta 2017, la CNDH dio a conocer, a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que el estado de Tlaxcala, aunque presenta avances en mecanismo prácticos de rehabilitación y capacitación, no tiene bases legales para garantizar los derechos.
En esta entidad no se ha regulado el matrimonio, la adopción ni el divorcio entre personas con discapacidad, lo que vulnera su derecho al hogar y la familia, refiere.
Del mismo modo, la entidad indicó que «no tiene datos definidos» sobre los mecanismos de protección contra la explotación, la violencia y el abuso de las personas discapacitadas; no tiene mecanismos de capacitación del personas para garantizar el acceso a la justicia y, a pesar de que Tlaxcala ha implementado el programa «Escuela Incluyente», no cuenta con maestros capacitados para recibir o atender a los niños en estados condiciones.
A través de solicitudes de información pública, la CNDH dio a conocer que «hasta el momento (Tlaxcala) no tiene resultados sobre la armonización legislativa» en la materia, tampoco reportó gasto específicos entre 2014-2016 para atender a las personas con discapacidad, y no cuenta con datos estadísticos sobre el número de personas con capacidades diferente ni sobre las personas que se han incorporado a la sociedad, lo que vulnera el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
El informe revela que tampoco existe un protocolo o guía para atender a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; no existe regulación para garantizar el derecho a tener nombre y nacionalidad, tampoco protocolos especiales contra la tortura y no ha diseñado planes estatales para garantizar la inclusión y accesibilidad a la tecnología y al derecho a la información pública.
Otro de los derechos que la CNDH ha indicado que se vulneran en la entidad es el del acceso a la salud; la Comisión refiere que Tlaxcala contestó que «aún no se ha podido establecer un acuerdo sobre el derecho a la salud que implica la capacitación del personal médico y servidores públicos, con el comité de Bioética sobre este tema».
Por otro lado, presentó avances en la instalación de Centros de Rehabilitación con al menos 30 Unidades Básicas. Del mismo modo, logró incorporar al empleo a cinco mil 132 personas con discapacidad y la protección social a través del SEDIF. Con calificaciones positivas se ubicaron los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, mecanismos de consulta ciudadano, las campañas sobre la toma de conciencia y normas, aunque ambiguas, sobre los derechos de las mujeres discapacitadas.
Por su parte, de los 25 indicadores evaluados, Puebla obtuvo respuestas satisfactorias en 12 sobre los derechos a ser atendidos en situaciones de riesgos y desastres naturales, mujeres con discapacidad, toma de conciencia, armonización legislativa, presupuesto etiquetado, mecanismos para la igualdad y no discriminación, para garantizar la viabilidad en el transporte público, derecho a la educación, a la rehabilitación, al trabajo y el empleo, y a la protección social.
Sin embargo, expresó generalidades normativas sobre los derechos al hogar y la familia, a vivir de forma independiente y a ser incluido a la comunidad, a tener nombre y nacionalidad, a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, y a la justicia.