La procuradora del estado, Ernestina Carro Roldán desestimó las cifras de organizaciones de la sociedad civil sobre el número de feminicidios que se han cometido en los últimos dos años en Tlaxcala y responsabilizó al Congreso local por la tipificación del delito.
Durante se comparecencia ante la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso a propósito de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, la diputada Blanca Aguila citó la numeralía de organizaciones civiles que documentaron 70 feminicidios en 2023, lo que difiere con las cifras oficiales.
“Nosotros investigamos con el tipo penal que ustedes en esta legislatura nos dieron. Entiendo su preocupación diputada, en el sentido de que existen otras muertes de mujeres pero que estas no son violentas, sin embargo, si murieron por un suicidio o un accidente vial nosotros investigamos con protocolo de feminicidio”, aseguró la procuradora Ernestina Carro Roldán.
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Según las cifras dadas a conocer por Carro Roldán, el año pasado se iniciaron 29 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y se han emitido nueve sentencias y apenas 5 órdenes de aprehensión; esto quiere decir que hay un nivel de impunidad hasta ahora de 69 por ciento.
Además, señaló que se han reclasificado como feminicidio solo siete carpetas de las 200 que ha analizado la PGJE sobre la muerte de mujeres, lo que significa solo el 3.5 por ciento del total.
Sobre el delito de trata de personas, la procuradora presumió que en 2023 no se inició ninguna carpeta de investigación por lo que declaró al estado libre de este delito. Sin embargo, los diputados Blanca Águila y Manuel Cambrón Soria cuestionaron esta cifra comparándola no solo con cifras de organizaciones civiles y organismos como la CNDH, sino con una realidad palpable sobre todo en el sur del estado y en municipios como Tenancingo, San Pablo del Monte y Zacatelco, entre otros.
“Sobre el tema de trata de personas, decirle que la procuraduría conoce de la incidencia real, de esa incidencia, como ya les decía, de acuerdo con el 16 constitucional nosotros iniciamos una investigación en el momento en el que conocemos de un caso, no necesitamos una víctima. Desafortunadamente, en el tema de la trata de personas, si nosotros no tenemos una víctima no podemos llegar a un tribunal de enjuiciamiento porque el juez se va a guiar por los dichos de alguien, las pruebas son lo que la víctima diga, y si no tenemos una denuncia y no tenemos víctima no podemos obtener una sentencia”, dijo la procuradora.
Aunque los cuestionamientos fueron reiterativos sobre las cifras de la violencia de género y la procuración de justicia en casos de feminicidio, Ernestina Carro responsabilizó al congreso de reformar el tipo penal que estableció las características que debe tener el homicidio contra una mujer para su clasificación como feminicidio.
Por su parte, el diputado Manuel Cambrón pidió la renuncia de la procuradora ante la opacidad de hechos delictivos como la colocación de narcomantas, los casos de tortura en los que ha sido señalada la procuraduría, sobre los grupos de comandos armados que entran a los hogares y sobre las bandas que se dedican a la extorsión y al derechos de piso.
“Procuradora, la ciudadanía está harta de frases trilladas y huecas (…) La gente de allá fuera se queja porque hay una tremenda insensibilidad. La procuradora tiene tres grandes adjetivos que la identifican: una enorme incapacidad para dar respuestas, una tremenda incompetencia para responder a casos que llaman tanto la atención para la sociedad y una enorme insensibilidad frente a las familias y frente a las víctimas”.
El diputado del PRD señaló que el Estado en Tlaxcala ha sido rebasado y que hay registro de que los delitos son cada vez más violentos y perpetrados por grupos delictivos organizados. Al mismo tiempo, declinó a su derecho de preguntar debido a que las respuestas “falaces” de la procuradora no se prestan a un diagnóstico real y se retiró en protesta y en representación de un sector de la sociedad que no está de acuerdo con las cifras oficiales de la PGJE.
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