En febrero, Melitón Lozano Pérez, actual titular de la SEP, informó que son 900 RVOES sobre los que la dependencia analizaba sobre posibles anomalías en su emisión.


El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que procederá legalmente en contra de los extitulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante los gobiernos panistas, pues acusó que emitieron “cientos” de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOES) un día antes de la conclusión sus gestiones, lo que permitió la proliferación de escuelas “patito”.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que exfuncionarios se saltaron todos los trámites para entregar los RVOES, pues han detectado que en el último día de sus gestiones aprobaron varios de ellos.

Aunque no precisó nombres, quienes estuvieron al frente de la SEP durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad fueron Luis Maldonado Venegas, Jorge Benito Cruz Bermúdez, Patricia Vázquez del Mercado e Ignacio Alvízar Linares.

En febrero, Melitón Lozano Pérez, actual titular de la SEP, informó que son 900 RVOES sobre los que la dependencia analizaba sobre posibles anomalías en su emisión, no obstante, dijo que de ser el caso la revocación de los mismos ocurriría al terminar el ciclo escolar 2019-2020 para no afectar a alumnos.

Uniformes sin logos ni colores de su administración

Por otra parte, Barbosa Huerta indicó que pronto se emitirá la licitación para adquirir los nuevos uniformes para el siguiente ciclo escolar, los cuales no tendrán los colores, logos ni lemas de su administración, pues aseguró que serán azul marino con gris, y que llevará el escudo del estado de Puebla.

Reiteró su compromiso sobre que serán de “algodón y buena calidad”, así como que los zapatos no estarán pegados y con plantillas de “cartón”.

A tiempo recordó que sigue abierta la investigación por corrupción contra varios funcionarios por un sobrecosto en la adquisición de uniformes y zapatos durante la gubernatura interina.

Por otra parte, se dijo respetuoso de la opinión de los rectores que integran el Consorcio Universitario sobre el proyecto de la Ley de Educación y señaló que temas de los que se quejan ya estaban contenidas en la ley que de ser el caso sería abrogada.

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