La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión.
Los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) determinan que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF).
Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión.
Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen:
(i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y
(ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos.
La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato.
Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales.
Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo.
Hace cinco años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica.
Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.
Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial.
En aquella ocasión en la propia reforma constitucional, y más tarde en una ley específica, fue creado el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros quedarían cancelados.
Esa modificación además implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el SPR que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.
Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es enfática al afirmar.
“Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población.
Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.”
El Estado mexicano está comprometido con esos lineamientos. Dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El retroceso en materia de medios públicos que representa la Minuta no es, lamentablemente, el único que aprobó el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados. Allí, además, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables” (adición a la fracción I al artículo 8).
Esa facultad no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales.
Esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuya autonomía y atribuciones constitucionales quedarían lesionadas con tal disposición.
Durante muchos años, las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en promover la equidad y la calidad en los medios de comunicación han insistido en la autonomía de los medios públicos. Hoy en día todos los medios públicos en el país deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño.
De manera paulatina, esos medios han ganado garantías para tener políticas editoriales que atiendan al interés de los ciudadanos y para no ser instrumentos al servicio de los funcionarios que encabezan las dependencias a las que están adscritos.
Hay mucho por hacer para que la sociedad mexicana tenga mejores medios públicos pero, evidentemente, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios.
Llamamos a la Cámara de Senadores y al próximo Gobierno Federal para que detengan esa contrarreforma.