En 782 veces, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala (SSC) hicieron uso de la fuerza en el mismo número de reacciones de seguridad contra una o varias personas, lo que significa en promedio del uso de la fuerza 32.5 veces al mes y una diaria durante los últimos dos años.
De acuerdo con las normas nacionales, se entiende “uso de la fuerza”, como la aplicación de técnicas, tácticas y métodos policiales a efecto de tener el control total de la persona o personas con el fin de evitar o repeler una agresión real, actual o inminente.
A nivel nacional existe un “Manual para el Uso de la Fuerza” con fundamentos legales internacionales en derechos humanos. Según el manual, hay cinco niveles para el uso: la disuasión, la cooperación, la resistencia pasiva (cuando el sujeto o los sujetos se resisten a la intervención policial), la resistencia activa (la policía puede causar daño mínimo para garantizar la protección de bienes jurídicos), la agresión no letal y la agresión letal que valida el uso de armas de fuego.
Aunque el reporte SSC/0011/2023 no desglosa el uso de la fuerza según el nivel en los 728 eventos de los dos últimos años, si coloca al año de 2022 con el mayor número de este tipo de intervenciones al sumar 644 registros del uso de la fuerza por la policía de Tlaxcala.
El segundo año con el mayor registro es el 2021 con 421 registros, la mayoría se reportaron en el segundo semestre del año, poco antes de que concluyera el mandato del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez.
Por su parte, en 2020 se registraron 312 casos en los que se hizo uso de la fuerza. Empero, en años previos no existen datos de este tipo de intervenciones, mientras que en 2023 el número de casos fue de 138, la cifra más baja.
Se puede estimar que entre 2022 y 2023 -con 644 y 138 incidentes donde se aplicó el uso de la fuerza en Tlaxcala respectivamente– la cifra disminuyó 78.5 por ciento. Sin embargo, si se compara el 2022 con el 2020, último año del gobierno de Marco Mena, la cifra más alta registrada creció 52.9 por ciento.
Si bien hay normativas internacionales sobre el uso de la fuerza, existe una delgada línea entre la actuación legítima de la fuerza policial y la violación de los derechos humanos a la seguridad y la legalidad. De acuerdo con Amnistía Internacional, mientras menos un Estado use la fuerza mayor es su capacidad de persuasión, aplicación de la ley y garantía de seguridad en su ámbito local.
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Foto: Especial