Líderes parlamentarios del PRI y el PRD manifestaron que la auditora superior debe ejecutar procedimientos administrativos y sanciones contra entes fiscalizables que incurrieron en desfalcos
Los líderes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, señalaron que, si bien, la 64 Legislatura demostró congruencia en el proceso de la dictaminación de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, consideraron «necesario» y «urgente» que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realice lo conducente sobre los entes fiscalizables que registraron daño patrimonial.
Al fijar su posicionamiento en la máxima tribuna del Estado, los congresistas manifestaron que es responsabilidad de la auditora superior ejecutar procedimientos administrativos y sanciones en total apego a la Ley.
“No es la primera vez que se reprueban cuentas públicas en este Poder Legislativo, pero no pasa absolutamente nada; la corrupción no se combate sino se atiende el tema de la impunidad, y hay que dar castigos ejemplares a quienes han violentado la Ley”, puntualizó el diputado priista Juan Manuel Cambrón.
Mientras que la legisladora perredista, Blanca Águila Lima, manifestó la urgencia de que se trabaje en la actualización de la Ley de Fiscalización, pues el no contar con esta modificación legal, evidenció algunos casos de injusticias, en donde se evitaron, omitieron o retrasaron la certificación de la documentación legal de las nuevas administraciones.
“Existe una gran tarea, – en la que cualquier diputado o diputada de esta Legislatura-, entendemos que la Comisión de Finanzas tiene la gran responsabilidad para actualizar la Ley y evitar que este Congreso y en especial esta Legislatura solo sea de trámite, porque no se consideraron estas situaciones, a pesar de que el Órgano de Fiscalización tenía claras omisiones de parte de algunos entes”, puntualizó.
En su intervención, el legislador Jaciel González Herrera, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo un llamado respetuoso a la auditora superior, para que en uso de sus funciones, remita a la Procuraduría el informe correspondiente para que se castigue y sancione a los municipios y entes que no cumplieron con el buen manejo de los recursos públicos, sobre todo a los que gestaron daño patrimonial y desfalcos millonarios.