Defensores de los derechos de los migrantes, exigieron a la PGJE castigar a los policías estatales y a los guardias que agredieron con armas de fuego.
A tres meses de haber sido agredidos con armas de fuego por parte de elementos de la Policía Estatal y guardias de Ferrosur, José Lino y Jerdin Samuel, migrantes centroamericanos, recibieron del Instituto Nacional de Migración (INM) un permiso de estancia por razones humanitarias ante la situación de vulnerabilidad que registran.
El 1 de marzo de este año, los migrantes viajaban a lomo de tren, como parte de su trayecto para llegar a la frontera norte con la intención de cruzar hacia territorio americano; sin embargo, la noche de ese día a la altura del municipio tlaxcalteca de Muñoz de Domingo Arenas, fueron atacados con armas de fuego por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y unos sujetos uniformados que después identificaron como guardias de Ferrosur.
Derivado de ese ataque, los jóvenes de origen centroamericano tuvieron que ser trasladados por la Cruz Roja al Hospital Regional de Tzompantepec donde fueron intervenidos, y después dados de alta y enviados para su recuperación al albergue para migrantes “La Sagrada Familia” ubico en el municipio de Apizaco.
De manera inmediata, el encargo del albergue, Elías Dávila Espinoza, junto con el director de la asociación “Un Mundo una Nación”, Sergio Luna, solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) su intervención para tramitar ante el INM las visas por razones humanitarias para los dos jóvenes migrantes por encontrarse en una situación vulnerable después de haber sido agredidos con armas de fuego, y al haber presentado la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para investigar los hechos y dar con los responsables.
Fue después de tres meses de la agresión, el día de ayer el delegado del INM en Tlaxcala, José Luis Valles, entregó los permisos a José Lino y Jerdin Samuel, para que puedan permanecer en territorio mexicano con el propósito de dar continuidad al procedimiento legal en contra de sus agresores.
En ese sentido, los activistas y defensores de migrantes en la entidad, Elías Dávila como Sergio Luna, exigieron a la PGJE que se castigue a los agresores “para que ya no existan más actos de violencia en contra de los hermanos migrantes”.
En este tema es oportuno mencionar que durante el año 2017, el INM otorgó un total de dos visas por razones humanitarias a migrantes centroamericanos por haber sido víctimas de violencia en territorio tlaxcalteca.