Angélica Zárate informó que el caso de Carolina Ramírez es el único del que tiene conocimiento el IEM relacionado violencia cometida por servidores públicos.


La titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Angélica Zárate Flores informó que Carolina Ramírez se negó a recibir ayuda del instituto desde el momento que denunció el acoso sexual en su contra por parte del regidor de educación del ayuntamiento de Españita, Óscar Ávila Portillo, y reafirmó esa postura después de que ella junto con dos de sus familiares fueron golpeadas por personas allegadas al servidor público municipal.

En entrevista, la funcionaria estatal explicó que el IEM ofreció desde la situación de acoso sexual su apoyo a través de las diferentes áreas con las que cuenta, sin embargo ella nunca hizo la petición y prefirió seguir con su caso solo por la vía legal.

“Le expusimos que en ese entorno estábamos prestas para apoyarla pero ella tenía que tomar la decisión porque no podemos imponerle algo, cuando esto ocurre normalmente dicen si quiero primero el área de atención psicológica, o la legal, ella ya estaba siendo atendida por la vía legal en el tema laboral y le dijimos que si ella quería apoyo en alguno de los trámites que estaba siguiendo podía contar con nosotros y le expusimos cada uno de los servicios que podíamos darle pero eso es decisión de ella”, expuso la funcionaria.

También refirió que hace dos meses ya habían sostenido comunicación con Carolina, no obstante prefirió continuar con su denuncia, pero ahora este tema escaló en gravedad dada la agresión física en contra de ella, de su mamá y una de sus tías.

De hecho mencionó que el día de ayer, a través de la Unidad del IEM de Calpulalpan buscaron acercamiento con la víctima para ofrecer de nuevo los servicios, pero “si ella no nos lo permite y no nos autoriza no podemos, aunque seguimos contando con la misma disposición de ayudar”.

Por otro lado, Angélica Zárate aseguró que este es el único caso del que el IEM tiene conocimiento relacionado con agresiones físicas y acoso contra mujeres por parte de servidores públicos ya sea en los ayuntamientos, dependencias estatales, federales, u organismos, lo que no quiere decir que no existen sino que falta información para identificar las formas de violencia y los mecanismos de denuncia.

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