Rodolfo Chávez Escudero, detalló que al inició el costo real del pasaje en el metrobús era de 10.5 pesos.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció la próxima rescisión de los contratos de las tres lineas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), después de descubrir que fueron firmados durante las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, con subsidios exorbitantes para beneficio de las empresas, precio inflados y sin exigir inversiones prometidas al sector privado.

En conferencia de prensa virtual, informó que la administración estatal se hará cargo de este sistema, pero a través de otra empresa; en tanto, descartó cualquier afectación para los usuarios de este servicio de transporte por esta medida tomada ante la «monstruosa corrupción».

En su oportunidad, el director de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), Rodolfo Chávez Escudero, explicó que bajo el esquema definido en los contratos actuales, el gobierno estatal desembolsaría 234 mil millones de pesos en los próximo 28 años; incluso, anotó que en caso de acordar con estas compañías que los ajustes subsidiarios sólo fueran definidos por la inflación, entonces se comprometerían 28 mil millones de pesos del erario, lo que en ambos casos significaría la quiebra de la administración local.

Asimismo, refirió que al inicio el costo real del pasaje en el RUTA era de 10.5 pesos, por lo que el gobierno estatal subsidiaba el servicio con 3 pesos, para que el pasajero sólo pagara 7.50; pero, ahora, de acuerdo con la fórmula definida por las partes, el costo real del pasaje se ha elevado a 19.50 pesos, por lo que el erario debe aportar 12 pesos, para que los ciudadanos no paguen más.

Explicó que en los convenios de apoyo financiero que se hicieron, existe una fórmula para determinar el crecimiento exponencial del subsidio que entrega el gobierno a las concesionarias encargadas de la operación de las Líneas 1, 2 y 3 del metrobús.

De manera que anualmente se analiza el “factor de ponderación” que se calcula con variables como el cambio del precio diésel, salario mínimo, tipo de cambio peso- dólar e inflación, lo cual da ventaja al concesionario, pues gasta menos y el gobierno paga más.

Indicó que urge hacer una reestructuración para evitar que continúe dicho modelo y se mejore el servicio, pues de hacerlo la administración estatal terminaría pagando 234 mil millones de pesos a los concesionarios dentro de los siguientes 28 años.

Por su parte, el asesor jurídico del gobierno estatal, Fernando Pérez Castillo, consideró que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo, con sobrestimaciones y sobrecostos, tanto en obras como operación y concesiones.

Ante estas irregularidades, dijo que se iniciarán procedimientos de revocación de concesiones, responsabilidad administrativa, civil y hasta penales, en contra de los ex funcionarios Fernando Manzanilla Prieto, Roberto Moya Clemente, José Cabalan Macari, Antonio Gali Fayad, y Bernardo Huerta Couttolenc.

Por su parte, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, hizo énfasis en que es imposible pagar dichos subsidios, pues se tendría que desaparecer los otros gastos de la administración estatal para costear solo los apoyos a los concesionarios de RUTA, además que se tendría que registrar como deuda pública para acceder a financiamientos.

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