El 23 de febrero de 2020, tres universitarios tomaron una unidad de Uber y fueron asesinados, junto con el chofer.

A dos años del asesinato en Huejotzingo de tres estudiantes de la Upaep y BUAP, como también un conductor de Uber, el gobernador Luis Miguel Barbosa se pronunció porque el juez imponga la pena máxima para los responsables dentro del juicio oral iniciado esta semana para definir sentencia.

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«Fue una tragedia enorme (…) y evidenció los niveles de criminalidad que había en ciertos lugares de Puebla (…). En ese tiempo Huejotzingo tenía una situación muy compleja en cuanto a Seguridad Público, ahí convergían muchos grupos delincuenciales y esta tragedia hizo que estudiantes universitarios se pronunciaran en las calles y respetamos mucho la forma en como lo hicieron».

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Para el mandatario, en ese entonces hubo una «respuesta gubernamental correcta» ante las demandas de los universitarios; «lo digo sin ningún afán de protagonismos, ni de reconocimientos», comentó durante la conferencia de prensa virtual.

En ese entonces, unas semanas antes de iniciar la pandemia de COVID19 en Puebla, fueron matados Ximena Quijano Hernández, de 25 años y José Antonio Parada Cerpa de 22, originarios de Colombia, así como de Francisco Javier Tirado Márquez, de 22, originario de Veracruz, y Josué Emanuel Vital Castillo, de 29 años de edad y conductor de la plataforma Uber.

PIDE GOBERNADOR A SSP OPERATIVOS EN CARNAVALES

Ante la proximidad del Carnaval de Huejotzingo, exhortó al ayuntamiento a asumir su responsabilidad y no solo escudarse en la obligación marcada por los usos y costumbres para permitir que los festejos se lleven a cabo sin control, «que se violenten en las calles».

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Por lo anterior, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizar operativos en este y otros municipios con carnavales, en coordinación con los gobiernos municipales, con el fin de que no pasen cosas por la permisibilidad de las comunas, las cuales se quedan calladas cuando el saldo es negativo.

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«Ocurren cosas y ya que ocurrieron, porque permiten que ocurran cosas, porque dan permisos de más, porque no vigilan, porque a sabiendas de que hay gente peligrosa no evitan que participen en los festejos y ya cuando ocurren cosas, se quedan callados los ayuntamientos y es cuando el gobierno del estado tiene que entrar».

  

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