No habrá acciones legales contra los campesinos que el viernes pasado retuvieron al funcionario Rafael de la Peña Bernal.
Sergio González Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) de Tlaxcala, sostuvo que no habrá acciones legales contra los campesinos que el viernes pasado retuvieron al secretario de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, quien fue llevado hasta Palacio de Gobierno.
Dijo que el gobierno estatal no trabaja bajo ese tipo de «presiones» y aseguró que la movilización no fue la forma de conducirse, por lo que llamó a los ejidatarios, productores y organizaciones a conducirse bajo el diálogo.
Afirmó que la administración estatal se mantiene abierta al diálogo, esto luego de participar en la firma de convenio entre el gobierno del estado y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
«El gobierno no trabaja con este tipo de presiones. Haber generado una marcha donde obligaron al señor secretario que también en la SIA se ofreció al diálogo y que los señores retuvieron a fuerza; de esa manera no trabaja porque, como lo dije, ese mismo día las puertas del gobierno han estado abiertas al diálogo. Yo mismo lo comenté -ahí están los videos- que muchos de los que estaban ahí han estado presentes en otras reuniones», subrayó.
En ese sentido, negó que la disolución de la reunión con el sector campesino haya sido causada por él o el secretario de Impulso Agropecuario, pues él mismo bajó de su despacho para atender al grupo inconforme, tal como lo hizo de la Peña Bernal desde las oficinas de la dependencia que representa.
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Habrá acciones para atender Alerta por Violencia de Género
Sobre la crítica de activistas respecto al nulo resultado de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sostuvo que existe un informe de los avances.
De pasó, recordó que próximamente se presentarán diversas acciones emprendidas, para lo cuál, se espera la visita de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos del gobierno federal.
Destacó que en más de 16 dependencias tienen recursos para atender la prevención de violencia contra las mujeres, y los propios legisladores y activistas pueden conocer el destino de esos recursos.