El asunto fue considerado como cerrado por los integrantes del instituto de transparencia

El Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, emitida por la CNDH por las graves violaciones a los pobladores de Chalchihuapan en la que murió el niño José Luis Tlehuatle Tamayo a manos de policías durante el operativo violento para desalojar una manifestación en el municipio de Ocoyucan, fue hoy dado de baja del padrón de sujetos obligados por el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública (ITAIP).

En la sesión del pleno realizado hoy, el asunto expuesto en asuntos generales fue votado en unanimidad por los integrantes de la ITAIP tras de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), diera luego de tres años, el carpetazo al “caso Chalchihuapan” por considerar que las 11 Recomendaciones fueran “totalmente cumplidas”.

La creación de Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 fue la Tercera Recomendación de la CNDH en la que instruyó al gobierno para que se repararan los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.

La CNDH reconoció la violación grave de los derechos humanos en el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla.

De las 11 recomendaciones, este punto fue causa de denuncia por Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle quien acusó que admitió la indemnización, muy por debajo de estándares internacionales por presiones del secretario General de Gobierno del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, funcionario quien amenazó que si no recibía el dinero, el ex alcalde de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista —quien defendió los intereses del pueblo—, seguiría preso.

La Fiscalía General del Estado, del que depende este Fideicomiso, deberá conservar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia por el tiempo que refieren sus tablas de aplicabilidad.

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