El objetivo es proteger la integridad física de los servidores públicos, así como de los ex servidores públicos de los poderes ejecutivo y judicial.
Servidores y ex servidores públicos, sus cónyuges, concubinas, hijas e hijos de titulares de secretarías de gobierno o del Poder Judicial, podrán contar con escoltas equipados con vehículos y armamento, en caso de que su vida o integridad física esté en peligro por el trabajo que desempeñan.
Así lo establece el “Reglamento del servicio público de escolta en el estado de Tlaxcala” publicado este día en el Periódico Oficial del Estado y que entra en vigor este miércoles.
De acuerdo con el documento, el objetivo es proteger la integridad física de los servidores públicos, así como de los ex servidores públicos de los poderes ejecutivo y judicial que hayan realizado actividades relacionadas con la justicia o seguridad, o para aquellos que requieran protección derivada de sus funciones.
Solo podrán acceder a protección los titulares del Poder Ejecutivo y de las secretarías de gobierno, seguridad ciudadana, de la comisión ejecutiva de seguridad y de la PGJE, además, las y los servidores públicos del Poder Judicial que acrediten encontrarse en riesgo.
Por otro lado, la autorización y designación del número de escoltas para estos funcionarios y sus familias estará a cargo de un comité presidido por ellos mismos, es decir, por el titular de las Secretarías de Gobierno, de Planeación y Finanzas y de Seguridad Ciudadana, así como de la PGJE y de la Comisión Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública.
Las escoltas serán miembros de la policía estatal o de investigación de la PGJE, quienes estarán equipados con armas, municiones, chalecos antibalas, equipo táctico y de radiocomunicación y vehículos, todo con cargo a la dependencia de seguridad pública.
Respecto a las solicitudes, el funcionario público deberá detallar el número de escoltas que requiere, duración y motivos del servicio, así como acreditar la amenaza.
Por último, con la entrada en vigor del reglamento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá instalar la Unidad de Servicio Público de Escoltas, celebrar los convenios de colaboración con la PGJE y solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas el presupuesto necesario para las acciones.