La ombudsperson, Jakqueline Ordóñez, resaltó que son acciones derivadas de los acuerdos con la sociedad civil para el acompañamiento de mujeres y niñas
Con el propósito de contar con mecanismos eficientes para hacer frente a la creciente violencia cibernética en el estado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició con los trabajos para la creación de un protocolo único.
En el acto protocolario, la ombudsperson, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, resaltó que se trata de acciones derivadas de los acuerdos con la sociedad civil, donde se planteó la urgencia de implementar acciones para atender las violaciones a los derechos de las mujeres tlaxcaltecas.
Con ello se busca que las víctimas, tanto mujeres como niñas, se sientan acompañadas y respaldadas, pero también tengan la seguridad que la CEDH contribuirá con un mecanismo para la solución de esos problemas.
Ordóñez Brasdefer externó que una de las demandas de las organizaciones civiles es que la entidad cuente con un protocolo de atención para los casos de violencia cibernética, pues esos casos no se han atendido de forma puntual, por lo que se emitió la convocatoria el pasado 30 de septiembre para constituir dicho mecanismo.
En su intervención, la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni, expresó que, con la evolución de la tecnología, se ha detectado este tipo de violencia que no existía hace algunos años; no obstante, el mal uso de las redes sociales conlleva a cometer otra forma de violencia hacia la mujer.
Agregó que Internet representa un avance en la ciencia y tecnología, siempre y cuando se haga un buen uso de él, pues es fundamental adaptarse a los tiempos y considerar protocolos a la par de la evolución digital, por ello es fundamental tomar en cuenta las voces de la ciudadanía, activistas y académicos, así como de los diferentes ámbitos de gobierno para crear un documento incluyente.
Para dichos trabajos se contempla la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Tribunal Superior de Justicia (TSJE), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), organizaciones civiles, el gobierno del estado, además de la propia CEDH.