De los 85 funcionarios de la CEDH obligados, ninguno presentó durante 2021 su declaración patrimonial y de intereses
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala no tiene reglamento ni criterios para determinar que al interior del organismo exista o no conflicto de interés o casos de corrupción que deben ser sancionados.
De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 19 entidades no tienen un reglamento, plan o programa anticorrupción, lo que impide frenar estas prácticas en el organismo encargado de vigilar el actuar de las instituciones públicas.
Además, de los 85 funcionarios de la CEDH obligados, ninguno presentó en 2021 su declaración patrimonial y de intereses; es decir, los informes para determinar si tienen o no relación con el gobierno estatal o sus poderes que interfieran en la toma de decisiones del organismo.
Hasta ahora, sin un plan ni programa anticorrupción, la CEDH de Tlaxcala no ha sancionado administrativamente a servidores públicos por casos de corrupción o por incumplimiento de sus funciones; tampoco tiene registro de procedimientos de responsabilidad administrativa ni investigaciones iniciadas a diferencia de, al menos, 20 organismos públicos que iniciaron procesos por faltas cometidas por servidores públicos.
Solo existen tres casos de investigación abierta contra funcionarios de la CEDH a través de denuncias interpuestas por ciudadanos y no por el órgano de control interno.